A pedido del Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó un peritaje lingüístico para determinar si el presidente electo, Bernardo Arévalo, o la vicemandataria electa, Karin Herrera, indujo a la toma del Campus Central de la Universidad de San Carlos (Usac) pese a que ambos cuentan con derecho de antejuicio, es decir, no pueden ser investigados o ser objeto de diligencias penales previo al proceso de retiro de inmunidad.
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En los objetivos del peritaje, cuyo documento se ha difundido en las últimas horas, se puede leer que uno de estos era determinar si Arévalo y Herrera, así como otros diputados, animaron a estudiantes, catedráticos u otras personas a continuar con la toma de las instalaciones de la Usac.
“Con base en la investigación y/o documentación que se adjunta, determinar si en declaraciones y mensajes escritos en redes sociales del Internet mediante sus cuentas de Twitter y Facebook, videos, etc., las siguientes personas inducen directamente a estudiantes trabajadores o personas que tienen o tenían tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala del 27 de abril de 2022 hasta el 9 de junio de 2023 a continuar con la toma de dicho centro de estudios en el periodo citado”, era el segundo objetivo.
Derecho de antejuicio
Para Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, el Ministerio Público pone en evidencia que ya investigaba a los funcionarios pese a que cuentan con derecho de antejuicio, por lo que esa protección fue vulnerada.
Juan Gerardo Guerrero Garnica, del equipo jurídico del Movimiento Semilla, indicó que analizan las acciones que pueden emprender en contra de las “ilegalidades y arbitrariedades” del MP y agregó que el ente investigador no puede argumentar desconocimiento de la ley, así como la imposibilidad de indagar sobre funcionarios con inmunidad.
En contraste
En noviembre de 2022, la Fundación contra el Terrorismo requirió el retiro de inmunidad del entonces juez Carlos Ruano por la posible comisión de los delitos de usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito.
La querella se originó del proceso penal contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling, ya que Ruano la grabó mientras le requería una medida sustitutiva a favor de su hijo Otto Molina Stalling. Uno de los argumentos de dicha fundación es que la grabación se realizó pese al derecho de antejuicio de la togada, por lo que era ilegal.
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La CSJ, en su momento, dio trámite al antejuicio y en septiembre, después de renunciar al cargo, Ruano salió del país.
Además, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) inició un proceso penal contra Juan Francisco Sandoval, Eva María Sosa y Claudia González por supuestamente realizar diligencias de investigación previo a la denuncia y retiro de inmunidad de Stalling en 2017.
Resultado del peritaje
El Inacif determinó en el peritaje lingüístico que el binomio electo del Movimiento Semilla no tiene vinculación en el caso conocido como: “Toma de la Usac: Botín político”.
El pasado viernes, el MP requirió el retiro de inmunidad de Arévalo y Herrera, así como de los diputados al Congreso Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera (electo), Adán Pérez, Aldo Dávila y Carlos Barreda, porque supuestamente incitaron a la toma del Campus Central para impulsar sus candidaturas en las elecciones de 2023.
