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Pesquisidora que conoce antejuicios contra magistrados del TSE, realizará consulta a la CC

La comisión pesquisidora realizará una solicitud de opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad para definir plazos máximos en el caso de los magistrados del TSE.

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Durante el desarrollo de la primera reunión de la comisión pesquisidora del Congreso de la República que está a cargo de analizar el expediente de los magistrados suplentes y titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) surgieron dudas acerca de los tiempos máximos para la entrega del informe circunstanciado.

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El presidente de dicha comisión legislativa, Julio Montano, manifestó que la comisión designó al diputado César Longo para que haga una solicitud de una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad (CC) y de esa forma definir los plazos máximos.

El diputado Montano, indicó que se debe analizar a consciencia el tema de los tiempos que llevará el proceso para llegar a emitir un informe en el que se recomendará el pleno del Congreso retirarles o no la inmunidad a los magistrados.

Montano recordó que se aproxima el período de vacaciones en el marco de la Navidad, y el receso Legislativo, lo cual reduciría los plazos, aunque reconoció que no le molestaría trabajar incluso el 24 de diciembre con el fin de cumplir sus funciones.

La solicitud de retiro de inmunidad fue presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, por supuestas irregularidades en la adquisición del programa de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), por un monto estimado de Q148 millones.

Los magistrados titulares son:

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  • Blanca Odilia Alfaro Guerra (presidenta)
  • Irma Elizabeth Palencia Orellana
  • Ranulfo Rafael Rojas Cetina
  • Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños; y
    Mynor Custodio Franco Flores.

Mientras que los magistrados suplentes son:

  • Marco Antonio Cornejo Marroquín
  • Marlon Josué Barahona Catalán; y
  • Álvaro Ricardo Cordón Paredes.

Por la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

El ente investigador sostiene que el supuesto fraude se cometió porque los funcionarios denunciados, autorizaron la adjudicación y suscripción del contrato de adquisición del programa por Q148 millones, mientras la segunda oferta era por Q113 millones, que además, incluía hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones.

En tanto los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes se habrían cometido al no permitir una supervisión independiente del programa y según el MP con ello los magistrados omitieron una función propia de su cargo que era verificar si dicha plataforma cumplía los requisitos para la transmisión de los resultados preliminares.

TREP

El programa TREP se implementó debido a las complicaciones que surgieron en el sistema informático durante el proceso electoral de 2019.

El objetivo del TREP es agilizar la transmisión de datos para poder contar con información precisa y lo más rápido posible sobre los resultados electorales.

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Vía Edwin Bercián y Dayana Rashon

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