MP interesado en amparo en contra de diputados señalados y contratistas

La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público (MP) se adhirió como tercer interesado en el amparo que presentó la organización Primero Guatemala en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La acción se presentó el 5 de septiembre ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta busca que el TSE revise el listado de diputados al Congreso que fueron electos en los comicios, y que están listos para tomar posesión de sus cargos.

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¿Por qué se presentó el amparo?

El argumento de Pedro Cruz, presidente de Primero Guatemala, es que hay diputados que recibieron su credencial, pero no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución.

La Carta Magna, en sus artículos 113 y 164, habla sobre las prohibiciones que tienen los guatemaltecos para optar a un cargo o empleo público. Estas son:

1. Quienes no atiendan más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
2. Tampoco los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio.
3. Ni los que habiendo sido condenados por sentencia firme por delitos contra la administración pública, administración de justicia o delitos contra la delincuencia organizado.
4. Además, se incluye a los funcionarios que ejerzan jurisdicción en el distrito electoral que lo postule o que la hubiera ejercido tres meses antes de la fecha en que se haya convocado a la elección.

Se sabe que en las elecciones fueron electas unas 10 personas que tendrían prohibición constitucional.

Capacitación previo a asumir

El 17 de octubre, el Congreso de la República organizó una inducción a los diputados electos y que asumirán sus cargos el 14 de enero de 2020.

La actividad fue inaugurada por el presidente de ese organismo, Álvaro Arzú Escobar.

En tanto, el TSE oficializó que el 31 de octubre de 2019 es el día en que quedará concluido el proceso electoral. La decisión quedó establecida en el decreto 6-2019.

Sin embargo, el documento indica que “se dejan a salvo” la continuidad de los trámites de las acciones y recursos planteados dentro y por el proceso electoral, así como los contratos administrativos suscritos hasta el 31 de diciembre de 2019.

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