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Linares Beltranena presenta iniciativa para derogar decreto que da vida a la CICIG

El legislador señala que la comisión se ha extralimitado en sus funciones y su mandato debe concluir.

El diputado Fernando Linares Beltranena presentó una iniciativa de ley para derogar el decreto legislativo que dio vida al acuerdo de creación de la CICIG.

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Argumentó que con esta propuesta se busca que desde el Congreso se pueda dar por concluido el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El legislador del bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN) indicó que esta medida se da porque, a su criterio, la entidad se ha extralimitado en sus funciones.

Lo que se pretende es derogar el decreto número 35-2007, en el que se ratificó el acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala que establece la creación de una comisión de este tipo.

Beltranena hizo llegar previamente esta iniciativa al presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, y hoy fue presentada en Dirección Legislativa.

“El poder corrompe y este mandato de la CICIG ha corrompido a quienes la han dirigido, por eso el Congreso debe terminar con el decreto”, manifestó en una conferencia de prensa donde hizo el anuncio.  

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Ejecutivo dio por terminado el mandato

El Gobierno del presidente Jimmy Morales anunció el pasado 7 de enero la decisión de poner fin al mandato de la CICIG, de forma unilateral.

Según explicó el gobernante en conferencia de prensa, esto se dio “por la violación grave a las leyes nacionales e internacionales” de parte de la entidad.

Asimismo, argumentó que la CICIG y su titular Iván Velásquez violentaron los derechos de las personas y la soberanía de Guatemala.

E hizo referencia a que hubo pasividad de parte de la Secretaría General de las Naciones Unidas para resolver las preocupaciones expresadas por el Estado de Guatemala desde 2017, con relación a las acciones de la comisión y el jurista colombiano.

Un día después fue publicado el acuerdo gubernativo 2-2019 de la Presidencia de la República, en el que se oficializó la decisión.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad resolvió una serie de acciones planteadas contra la decisión de Morales y emitió amparos provisionales que la dejaron en suspenso.

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