El gobierno del presidente Jimmy Morales se opone a que regrese al país Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, informó ayer que por instrucciones de Morales se le pidió al secretario general de las Naciones Unidas que, en un plazo de 48 horas, el cual finaliza mañana, envíe las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de comisionado de la CICIG.
La persona designada deberá tener el aval del Gobierno, dijo Jovel. De lo contrario, el secretario de la ONU será el “responsable de cualquier consecuencia”.
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La solicitud se da un día después de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) decidieron, por unanimidad, que la administración de Morales debía garantizar el ingreso del comisionado Velásquez, quien desde el 3 de septiembre está en EE. UU.
Las contradicciones
El procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado, aseguró que “al Gobierno no le causa ningún conflicto la resolución de la CC” a favor del jefe de la CICIG.
No obstante, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, enfatizó que la Dirección General de Migración le permitirá el ingreso al país al nuevo comisionado, no a Velásquez.
“El ciudadano colombiano Iván Velásquez no ingresará al territorio nacional”, declaró.
La razón, según Donado, es porque la CC “en ningún momento le ordenó al presidente permitir el ingreso de Velásquez, sino que dice al comisionado”.
“No hay pasividad”
El Ministerio Público (MP) no investigará de oficio a los funcionarios del gobierno por no permitirle el ingreso al país al comisionado, dijo la fiscal general, María Consuelo Porras.
Según explicó, “la decisión del cumplimiento o incumplimiento de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad compete con exclusividad a la CC”, por eso deberán esperar la notificación.
“Si se certifica, inmediatamente el MP procederá legalmente”, agregó.
Porras se catalogó como una “funcionaria responsable” y aseguró que no “hay pasividad” en sus funciones, ya que está trabajando en el fortalecimiento y la eficiencia de la Fiscalía.
Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier ilegalidad.
Denuncia ciudadana
Después de las declaraciones de Porras, 16 representantes de las organizaciones sociales y de los derechos humanos se presentaron a la Fiscalía y denunciaron al presidente Morales, a los ministros Degenhart y Jovel, así como al procurador Donado por desobediencia a las resoluciones de la CC.
“El actual comisionado es Velásquez. No hay otra interpretación”, declaró la activista Claudia Samayoa.
Manifestación
Tras el anuncio del gobierno, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) “Oliverio García Castañeda de León” convocó a una manifestación para el jueves a las 8:00 horas desde el campus central de la Universidad de San Carlos (Usac) hasta la Plaza de la Constitución.
Su secretaria general, Lenina García, dijo que hoy le pedirán autorización al Consejo Superior Universitario para que ese día puedan suspender las actividades en la Usac.
Hablan las magistradas de la CC
- Gloria Porras: "No deberían dar muchas vueltas alrededor del tema"
En la resolución no aparece el nombre del jefe de la CICIG ni del presidente Morales porque lo que se hizo fue despersonalizar, pues esto supera a las personas, es un acuerdo del Estado de Guatemala con las Naciones Unidas y así evitar la confrontación que trae al referirse a una persona.
La Corte está tratando de mantener la institucionalidad y el respeto a un acuerdo internacional. La resolución es absolutamente clara, pues una de las preguntas que los magistrados se plantearon al momento de discutir fue contundente: ¿Ingresa o no ingresa el comisionado designado por Naciones Unidas al país? Y la respuesta unánime es sí.
En la parte resolutiva, específicamente en el numeral 2, se deja establecido que el Estado de Guatemala debe permitir el ingreso del comisionado, por lo que el fallo no tiene ninguna condicionante, sino que es claro en cuanto a que en el momento que el comisionado intente ingresar al país se le debe permitir, incluso existe una conminatoria a las autoridades migratorias en ese sentido para que esta persona no pueda ser objeto de ningún tipo de limitación.
Además, introdujimos una expresión, que está causando un poco de revuelo, “la comisionada”, porque dentro de todo este proceso nosotros no sabemos cuáles son las conclusiones a las que va arribar el Gobierno de Guatemala y Naciones Unidas.
El Estado de Guatemala debe honrar sus compromisos y no es la primera vez que lo dice la Corte de Constitucionalidad, por lo que se cita que se debe agotar la vía del diálogo, pues las controversias entre ambas partes deben ser basándose en el artículo 12 del convenio, pero mientras no se logre una solución, entre ellas el regreso o permanencia de Velásquez, la comisión no puede paralizarse, sino que debe continuar en cuanto a los términos del convenio.
Resalto que en la resolución se indicó que el comisionado debe ingresar al país de acuerdo a los términos que están descritos en el propio mandato, lo cual significa que el comisionado, de acuerdo con el artículo 6, no necesita ni si quisiera visa para poder ingresar al país, porque así lo determinó Guatemala y la organización al celebrar el convenio, por lo que no se debe caer en un juego de palabras o interpretaciones que tiendan a confundir a la ciudadanía o crear una falsa expectativa con tal de no cumplir la resolución.
En la ley de Amparo están definidas con claridad cuáles son las consecuencias que tiene una persona que no acata las resoluciones de la CC. No deberían darse muchas vueltas alrededor del tema, simplemente leer la resolución y estar al tanto de que es absolutamente clara. Las atribuciones que se le señalan al comisionado, como la prisión preventiva y la prisión provisional, lo cual no corresponde porque es el sistema judicial es el que necesita las reformas y debe ser interpretado correctamente por los jueces cada vez que se presentan los casos.
Por último, expresó que es un asunto de transcendencia nacional, que se está intentado generar una interpretación que la resolución no tiene, por lo que considero que por la paz social y el bien común es importante que los magistrados digan con absoluta claridad qué es lo que la resolución contiene.
- Dina Ochoa: "Por ética no se responderá sobre Iván Velásquez"
Aunque el secretario de la ONU ha confirmado a Iván Velásquez a cargo de la CICIG, la titular de la CC prefirió no hablar específicamente sobre el jefe a cargo de la Comisión, ya que las resoluciones jurisdiccionales hablan por sí mismas y lo que se resolvió el fin de semana fue a lo citado en el inciso cuarto, que se refiere al acto cuestionado del presidente Morales como representante de la unidad nacional y obligado a velar por los intereses de la población y responsable de dirigir la política exterior.
“Por ética, los magistrados hicimos términos y compromisos de que no contestaríamos ni especularíamos en cuanto al conocimiento de la resolución definitiva. Sobre la resolución no me podré pronunciar porque es un amparo provisional, que continuaremos conociendo.
La resolución en su inciso segundo habla de permitir el ingreso al comisionado, que deberá realizarse en armonía con el acuerdo 12 del mandato de la CICIG, ese es el derecho internacional que interpretó la Corte, también con la visión de lo que establece la Constitución. Las resoluciones deben ser analizadas por sí mismas, y ahí está plasmado lo que manifestamos los magistrados, por unanimidad”, explicó Ochoa.
La titular de la Corte lamentó que existan las especulaciones de la tradicional votación “3-2” sobre algunas resoluciones, pero remarcó que los magistrados son hombres y mujeres de derecho, por lo que las decisiones son sobre situaciones del país, cuestiones jurídicas, más no políticas, haciéndolo con experiencia, madurez y sensatez, aunque le llamó la atención que la información no se esté dando como es sobre algunos fallos de la CC, pues los votos razonados es para mostrar su posición, por lo que la votación de la resolución sobre el comisionado y el gobierno de Morales es histórico, ya que no siempre se puede arribar a las mismas condiciones.
La población debe tener la paz de que lo que se está resolviendo es a situaciones de que la propia Constitución resuelve como se desea, pero prefirió ahondar más de lo que se puede mencionar.
La presidenta de la CC resaltó que el acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala establece en su artículo 12 sobre cualquier controversia entre las partes firmantes relacionadas con la interpretación o la aplicación del mismo, se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier medio de solución mutua convenida, especialmente en cuanto a que se dice que se permite el ingreso al territorio nacional al comisionado o la comisionada de la CICIG, el cual deberá realizarse en armonía con lo que establece el acuerdo entre la ONU y el Estado.
“Recuérdese que yo soy la presidenta que está en este momento a cargo de dicho lugar, pero los que resolvimos somos cinco, que es que se le debe permitir el ingreso al comisionado”, respondió Ochoa sobre algunas opiniones que han hecho algunos exmagistrados de la CC sobre la resolución que involucra al comisionado Iván Velásquez.
El jefe de la CICIG salió del país por reuniones programadas en Estados Unidos, por lo que desde hace dos semanas ha permanecido trabajando a distancia; sin embargo, al personal de la comisión todavía no se le renuevan las visas para continuar en el país, lo cual puede ser un impedimento para los investigadores.