A la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron remitidos las solicitudes de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales y la diputada Nineth Montenegro.
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Los expedientes llegaron después de que los suplentes de los juzgados Décimo de Primera Instancia y Séptimo de Primera Instancia se inhibieron de conocerlos.
La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan a Morales y Montenegro del delito de financiamiento electoral ilícito.
¿Qué sigue?
El pleno de magistrados de la CSJ conocerá en sus próximas sesiones la solicitud del retiro de inmunidad al presidente y a la diputada.
Si la CSJ considera que las peticiones son políticas o espurias las rechazarán, pero si existe la posibilidad de que pudieron incurrir en un hecho ilícito designarán un juez pesquisidor en el caso de Montenegro. Respecto al presidente, enviarán el expediente al Congreso para que se elija a una comisión pesquisidora.
Tanto el juez como la comisión pesquisidora tienen hasta 60 días hábiles para elaborar un informe en el que recomendarán si es o no viable retirarles la inmunidad.
Los señalamientos
Morales y Montenegro son señalados del delito de financiamiento electoral ilícito.
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De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presidente, en 2015 siendo el secretario general del partido FCN-Nación, recibió Q7.9 millones los cuales no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En el caso de Montenegro incumplió con el plazo para entregar al TSE los estados financieros de Encuentro por Guatemala (EG) correspondientes al último semestre de 2015, razón por la que no se pudo establecer el origen de Q1.7 millones.
El proceso
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