Este sábado 9 de octubre de 2021, aparecieron sin vida tres personas, dos mujeres y un hombre, que fueron reportados como desaparecidos el último viernes.
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Las víctimas mortales laboraban para la misma empresa y al momento de su desaparición acudían a una reunión de trabajo.
Los cuerpos de las personas aparecieron en distintos puntos del país. El primero fue localizado en horas de la mañana en el parcelamiento Santa Rosa, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que se trataba de María José Echeverría Duarte, de 41 años, quien presentaba señales de violencia.
Mientras que en horas de la tarde se encontraron los cuerpos de Paola Rímola Samayoa, de 30, y de David Fuentes Molina, de 59.
Rímola Samayoa también presentaba señales de violencia y su cadáver fue encontrado en el kilómetro 166 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Suchitepéquez.
En tanto, Fuentes Molina habría fallecido por asfixia por suspensión, según socorristas. Su cuerpo fue abandonado en la ruta a Taxisco, Santa Rosa.
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Investigación
El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía contra el Delito de Femicidio tiene a su cargo la investigación por la muerte de las dos mujeres localizadas.
“La Fiscalía especializada en el tema trabaja arduamente para esclarecer los hechos y llevar justicia a sus familiares”, detalló el MP.
Por su parte, Jordán Rodas, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), manifestó su indignación por este hecho de violencia.
“Mi total indignación y rechazo ante el aumento de mujeres desaparecidas y altos índices de muertes violentas de mujeres y femicidios. Mis condolencias y solidaridad con las familias de Paola Rímola Samayoa y de María José Echeverría, así como de David Eliseo Fuentes Medina”, expresó Rodas.
El Procurador recomendó al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil (PNC) garantizar seguridad a todas las mujeres. Al MP asegurar investigaciones sólidas y al Organismo Judicial sanciones a los responsables de estos crímenes que impiden a las mujeres vivir libre de violencia en el país.
Este caso ha sido condenado por diversos sectores del país, entre estos, el Congreso de la República, políticos y representantes de la sociedad civil.
