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Sandra Torres se niega a ser evaluada por médicos del Inacif

El Juzgado de Mayor Riesgo A ordenó la semana pasada que se le practicaran exámenes por parte de expertos de la institución para conocer su estado de salud.

La excandidata presidencial, Sandra Torres, se negó a que especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) le practicaran una evaluación para establecer su estado de salud.

La semana pasada la jueza a cargo del caso, Claudette Domínguez, ordenó que médicos de esa institución le realizaran exámenes y se determinara si en realidad necesita continuar internada en un hospital.

Sin embargo, tomando en cuenta que la privada de libertad no permitió que los expertos llevaran a cabo lo instruido, serán sus médicos particulares quienes emitirán un informe sobre su estado.

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Torres fue ingresada a un hospital privado el pasado 25 de octubre y permanece en ese lugar.

Esta es la segunda ocasión en la que se le traslada a un centro asistencial, ya que supuestamente presenta diferentes padecimientos, entre estos, problemas cardíacos.

La primera vez fue a inicios de octubre y estuvo internada por casi una semana. Después, el Inacif trasladó un informe a Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, donde indicaba que podría recibir tratamiento ambulatorio, así que fue retornada a la cárcel.

Señalamientos

Sandra Torres fue capturada en un operativo en su residencia el pasado 2 de septiembre, por su presunta implicación en un caso de supuestas irregularidades en el manejo de fondos del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Poco más de un mes después, la jueza Domínguez la ligó a proceso penal por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. Desde entonces permanece en prisión preventiva.

Torres ha rechazado los señalamientos en su contra. Además, su defensa se ha enfocado en indicar que fue investigada por el Ministerio Público en el momento en el que contaba con inmunidad por ser aspirante presidencial.

Sin embargo, a criterio de la jueza, existen indicios de su posible implicación en hechos ilícitos. En ese sentido, ordenó ampliar las pesquisas hacia entidades encargadas de fiscalizar los fondos de los partidos políticos.

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