Un tribunal y un juzgado suspendieron dos audiencias relacionadas al caso “Hogar Seguro” las cuales estaban programadas para este martes 22 de octubre.
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Se trata del inicio del juicio en contra de tres exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), debido a que los familiares de las víctimas pidieron al Tribunal Séptimo de Sentencia Penal que antes se escuchen las declaraciones en anticipo de prueba de las sobrevivientes.
De esa cuenta, será en otra ocasión cuando Carlos Rodas, exsecretario de la SBS; Anahy Keller, exsubsecretaria de Acogimiento; y Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, escucharán la acusación del Ministerio Público (MP) en su contra ante el Tribunal.
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Ausencia de sindicada
En tanto, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal reprogramó para este miércoles 23 de octubre la audiencia de primera declaración en contra de la jueza de Paz, Rocío Murillo, y tres personas más.
La decisión del juez que conoce esa fase del proceso fue fundamentada por la ausencia de la sospechosa Flor de María López, quien no presentó una excusa para no asistir a la diligencia.
De esa cuenta, se ordenó que en las próximas horas la señalada deberá presentar una excusa. Si no se cumple con lo manifestado por el órgano jurisdiccional se decretaría la rebeldía de López, por no acatar las órdenes judiciales.
Antecedentes del caso
Las llamas que se registraron en el interior de un salón de clases de la referida institución alertaron a las autoridades y conmovieron a la sociedad guatemalteca. El hecho ocurrió el 8 de marzo de 2017.
El siniestro causó la muerte de 41 adolescentes y 15 más resultaron con heridas de gravedad como producto de quemaduras de tercer grado.
Sin embargo, no se trató de un suceso aislado. El día anterior varios internos del Hogar Seguro, hombres y mujeres, intentaron escapar por supuestos malos tratos que recibían de los monitores de la SBS.
Las autoridades iniciaron un operativo para ubicar y retornar a los adolescentes a las instalaciones, y así continuar con los procesos de protección a los que fueron vinculados.
El Juzgado de Paz de Santa Catarina Pinula, donde Murillo ejerce sus funciones, recibió una exhibición personal en favor de los adolescentes. Se buscaba que una autoridad judicial se cerciorara de la situación de los internos y del respeto a sus derechos humanos.
La juzgadora acudió al Hogar Seguro, pero no ingresó porque los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) se encontraban en resguardo le dijeron la situación era peligrosa.
Así, la funcionaria judicial optó por retirarse del sitio sin cumplir con la exhibición personal que le había sido presentada.
Durante la mañana del 8 de marzo las adolescentes intentaron que las sacaran del salón de clases porque en el lugar no había sanitario y ya habían pasado varias horas encerradas.
De esa cuenta se prendió fuego a unos colchones, pero las llamas se propagaron con rapidez y fueron incontrolables.
La puerta del salón estaba cerrada con un candado y nadie encontraba la llave.