Expertos explican resolución en el caso de ejecuciones extrajudiciales que involucra a Vielmann

Por Nancy Alvarez

La resolución del Juzgado de Mayor Riesgo A acerca del caso ejecuciones extrajudiciales, dada a conocer ayer, fue analizada este martes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

La jueza Claudette Domínguez ligó a proceso penal a cuatro personas por el delito de ejecución extrajudicial. Además, dictó la falta de mérito para el exministro de Gobernación Carlos Vielmann, por ese cargo, pero resolvió procesarlo por el de tortura.

¿Qué significa la resolución de la togada en el futuro de la lucha contra la corrupción e impunidad? fue una de las preguntas a las que expertos respondieron durante la entrevista.

Como invitados en cabina participaron Oswaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala; Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM); Jorge Luis Herrera, analista del observatorio nacional de garantías constitucionales y derechos humanos y abogado constitucionalista; y Lucrecia Marroquín de Palomo, exdiputada y exgobernadora departamental.

Herrera consideró que el caso ya fue juzgado, son los mismos hechos y eso lo dejó muy claro la jueza al invocar el principio de cosa juzgada, específicamente en el caso de Vielmann y los señalamientos en su contra por ejecuciones extrajudiciales.

“La juzgadora, muy objetivamente, de alguna manera libra del cargo de ejecución extrajudicial a Vielmann, pero deja abierta la posibilidad de que eventualmente sea encontrado culpable por tortura”, expresó.

“Lo que vincula a Vielmann con tortura no tiene sustento. La misma jueza hasta en tono burlesco le llamaba la atención al MP y CICIG por la forma de acusación”, añadió.

En tanto, consideró que la situación de los demás sindicados es diferente porque no habían enfrentado juicio por los hechos que se les imputan.

Aunque resaltó que deberían ser evaluados los indicios mostrados por los fiscales para respaldar los señalamientos, pues solo cuentan con testimonios de cuatro reos, pero no existe prueba científica.

En tanto, Samayoa señaló que Domínguez argumentó de forma prudente sobre el delito de tortura, con base en el derecho internacional y decidió ligarlo a proceso para que se pueda investigar si en realidad podría estar vinculado con los hechos, aunque el MP debe presentar más evidencias y para ello tiene un plazo de tres meses.

Sobre el cargo de ejecuciones extrajudiciales, el investigador consideró que no son los mismos hechos en cuanto a tiempo, modo y lugar, porque reos fueron ejecutados en distintos lugares, bajo un mismo plan, pero bajo diferentes criterios operativos.

Se trata de diferentes sujetos, tiempos y modos. No es que sean los mismos hechos, pero sí el mismo plan operativo. Entonces, las personas por las cuales esta vez se dieron las capturas nunca fueron mencionadas en la audiencia que se tuvo en España, señaló.

“Aunque sea el mismo caso y la misma forma de operación, son distintas víctimas”, expuso.

Por su parte, Marroquín opinó que en Guatemala se está haciendo lo mismo que en España, al utilizar reos “de poca credibilidad”, pues se está tomando en cuenta el testimonio de quienes fueron capaces de asesinar y torturar a sus víctimas.

Y sobre la prisión preventiva dictada por la judicatura contra los cinco procesados, señaló que se les debió medidas sustitutivas, pues en general en el país se han dado muestras de abusos y las personas pasan incluso años tras las rejas sin que aún sean declaradas culpables.

“En Guatemala el sistema judicial siempre ha bailado al son que le toca. La justicia debería ser ciega, pero estamos viviendo en este momento un son que viene desde hace varias décadas y no hace que el país desarrolle su potencial humano porque los mismos jueces están debilitando todo un sistema. Los jueces deberían ser imparciales”, manifestó.

En tanto, Mario Polanco consideró que la resolución dictada en este caso, más que beneficiar a los sindicados, los perjudica, pues no hay mucha diferencia entre que sean procesados por ejecución o tortura, ya que este último delito también es bastante grave.

Además, explicó que en el Código Penal está contemplado que el cargo de tortura tiene un delito subsecuente, que es el de secuestro, por lo que Vielmann también sería procesado por este.

“El reto aquí para el Estado es que haya justicia, no necesariamente que sea una sentencia condenatoria, pero sí que se esclarezca la verdad. Si resultaran ser ciertos los hechos que se le imputan a Vielmann, se deberá profundizar para que en el futuro no se den situaciones similares”, dijo.

Y resaltó que este caso debería ser fundamentado con testimonios de personas que tengan algún tipo de legitimidad.

En ello coincidió Herrera, quien manifestó que en algún momento procesal se tendrá que probar la credibilidad de los testigos, pues para reos con tantos delitos, como quienes declararon para este caso, cualquier beneficio es bueno a cambio de dar un testimonio falso.

Profundizar investigación

Acerca de una serie de audios que circulan en redes sociales, en donde supuestamente hablan exfiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) con uno de los reos que brindó su testimonio contra Vielmann, los invitados indicaron que debe investigarse su origen.

El director del GAM manifestó que este caso es tan polémico que puede estarse cometiendo algún tipo de injusticia, así que lo importante es que desde el MP se aclare muy bien qué fue lo que ocurrió en 2013 y si existe la posibilidad de que se haya presionado a testigos.

El analista Herrera explicó que son testimonios únicamente y que en ningún momento se ha dicho que estos reos sean colaboradores eficaces y van a recibir beneficio porque no es la figura que aplica.

Sin embargo, en su opinión, se debe determinar esas negociaciones que habría llevado a cabo el MP, en qué concluyeron, y qué realmente recibieron a cambio los reos por dar el testimonio.

Fortalecer instituciones

Los entrevistados coincidieron en la necesidad de fortalecer las diferentes instituciones nacionales para garantizar el desarrollo del país, el bienestar general y que se aplique justicia de forma objetiva.

La exdiputada Marroquín aseguró que cuando se firmaron los Acuerdos de Paz en Guatemala se empezaron a debilitar las instituciones, porque un grupo se dedicó a trabajar por el país pero otro lo hizo para mantener una guerra silenciosa.

En su opinión, casos como el presentado contra los exfuncionarios de gobernación no son parte del proceso de lucha contra la corrupción, sino de establecer quién tiene el poder y quién decidirá el futuro del país.

Polanco señaló que actualmente se están viendo las consecuencias de un pasado bastante oscuro, pues una institución no se debilita en un período corto de tiempo ni en un solo período de Gobierno.

Resaltó que no se ha tenido instituciones fuertes en Guatemala en muchas décadas y los niveles de impunidad se han mantenido en al menos 90 por ciento.

Herrera resaltó que se debe poner valiosa atención a lo que ocurre, especialmente al tema de los recursos para el Organismo Judicial, pues hay que fortalecerlo. “Se necesitan muchos más juzgados penales, estamos nueve veces debajo de la media que debería ser lo óptimo”.

Y Samayoa manifestó que las debilidades al sistema de justicia vienen desde años atrás y no es prudente culpar a la CICIG de ello, como se ha hecho de parte de algunos sectores.

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