Como un mensaje poderoso de parte de Estados Unidos de que mantendrá los esfuerzos para combatir la corrupción, calificaron dos abogados la petición que hizo ayer un grupo de congresistas de ese país para que se sancione bajo la Ley Magnitsky a seis ciudadanos latinoamericanos, incluidos dos guatemaltecos.
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Entre los nombres de personas con posibles vinculados con actos de corrupción y crimen organizado a quienes se les podría aplicar esta ley se mencionó a los guatemaltecos Gustavo Alejos y a Luis Mendizábal.
Este viernes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó sobre este tema con Stuardo Ralón, abogado constitucionalista; y Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Fernández manifestó que se debe ver claro cómo la tolerancia y paciencia de Estados Unidos en materia de corrupción está llegando al límite y ya son las dos cámaras del Congreso y el Departamento de Estado los que muestran que el tema los saturó.
Tanto el tráfico de drogas como la migración sa dan como resultado de la corrupción y por ello buscan generar acciones para contrarrestar esta situación, señaló.
En tanto, Ralón dijo este flagelo se ha profundizado en diferentes países cercanos a Estados Unidos, como en el caso de Guatemala, lo cual lo convierte en un problema de seguridad nacional ante lo cual esa nación tiene una serie de mecanismos de defensa.
A criterio de Fernández, esta es una herramienta de expansión de legislación estadounidense que no lesiona la soberanía de nadie. Pues cada país soberano puede aceptar o negar la visa a cualquier ciudadano, y en Guatemala, el retiro de visas es un “castigo” que se venía aplicando desde hace tiempo.
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“Yo no le veo muchos dientes a la ley, pero sí una intención y línea que sigue EE. UU.”, dijo el exmagistrado, y con relación de la congelación de bienes que devendría de la aplicación de la referida legislación, el exmagistrado aclaró que no se les estaría expropiando.
Mientras que Ralón apuntó: “Sí es una situación bastante grave con un impacto a quien se le aplique esta ley, y sí tiene los dientes desde la parte económica”.
El bloqueo que enmarca se refiere al congelamiento de cualquier activo que la persona señalada tenga en EE. UU así como imposibilitarla para usar el sistema financiero de ese país.
En el mundo de negocios para cualquier transferencia bancaria que se quiera hacer a nivel internacional los bancos intermediarios utilizan la plataforma del sistema norteamericano. Es decir, se dejaría a la persona sin poder actuar a nivel económico, enviar o recibir transferencias, pues su dinero y activos quedaron congelados, añadió el abogado.
“También hay otro impacto, pues las personas a las que no se les ha aplicado la ley no van a querer tener una relación o interacción con alguien a quien ya ha sido sancionada. Es un mensaje poderoso”, resaltó.
Futuro incierto para Baldizón
Durante el programa también se conversó sobre el caso de Manuel Baldizón, excandidato presidencial del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), quien se encuentra detenido en Estados Unidos tras ingresar a ese territorio de forma irregular.
El político solicitó asilo en aquel país, pero un juez de Migración se lo rechazó y ordenó su deportación. Ante ello, sus abogados presentaron una apelación el pasado 20 de julio que aún no ha sido resuelta.
Además, se publicó un campo pagado en medios escritos en el cual Baldizón expresa disculpas públicas al pueblo de Guatemala y a su familia por “errores” que haya podido cometer y manifiesta su respeto a las autoridades guatemaltecas y estadounidenses.
A criterio de Ralón, lo que se diga alrededor de la real intención de la nota publicada son especulaciones y habría que ver si existe alguna intención real de ser colaborador eficaz en Estados Unidos.
En tanto, Fernández opinó que Baldizón es casi un “disco duro con mucha información” que relaciona a muchas personas con diferentes hechos, por lo cual sería un elemento valioso para la justicia estadounidense.
