Experiencias de quienes han formado parte del Programa de Protección a Testigos del Ministerio Público

La exdirectora de este sistema de protección recordó algunos de los casos que tuvo a su cargo.

Por Nancy Alvarez

Los procesos penales en diferentes ocasiones requieren de la participación de colaboradores eficaces o testigos, que por ser parte elemental de los diferentes casos y conocer la información que podría implicar a otras personas, están en riesgo constante.

Para garantizar la integridad física de quienes colaboran con el sistema de justicia, existe el Programa de Protección a Testigos en el Ministerio Público (MP). Su funcionamiento se rige por la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia.

Acerca de lo que significa proteger a los testigos y colaboradores, y las dificultades que esta labor conlleva, se refirieron María Eugenia Solís, abogada y exdirectora del Programa de Protección; y Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). De igual forma, abordaron cómo impacta en la vida de esas personas colaborar con la justicia.

Sandoval dio a conocer qué un colaborador eficaz es una persona, que es delincuente y ha participado en las acciones de una estructura criminal, pero a diferencia de otros de los integrantes ha brindado información que ha ayudado a esclarecer hechos, individualizar partícipes, establecer en qué forma se dieron los hechos, apoya en la ubicación de bienes y ganancias obtenidos de forma ilícita y en su recuperación, y a cambio de ello recibe un beneficio.

En cuanto a los testigos, cabe recordar que son quienes conocen de la posible comisión de delitos, pero no necesariamente participaron en los hechos ilícitos.

Este tema de la protección a personas expuestas a riesgos por su intervención en procesos penales se retomó recientemente, tras conocerse que Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidencia y colaborador eficaz en varios casos de corrupción, recuperó su libertad.

Sin embargo, se indicó que rechazó ser parte del programa de protección y se encargará de su seguridad por su cuenta.

Mientras están encarcelados los colaboradores eficaces, su seguridad está a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario, pero ya en libertad, el MP se compromete a ofrecerles protección, pero es decisión personal si la aceptan.

"Monzón, al tener conocimiento de qué era lo que le podría ofrecer el programa fue disposición voluntaria de él la autoprotección, es decir, que él mismo se responsabilizaba de su propia seguridad”, dijo Sandoval.

Mientras que Solís explicó que cuando las personas no aceptan ser acogidos por el programa, su seguridad depende mucho de ellas mismas, de la disciplina que mantengan en cuanto a no restablecer lazos con familia y amigos, por ejemplo vía telefónica o por internet, para evitar ser localizados por alguien que pudiera tener represalias en su contra.

Reubicación y cambio de identidad

De acuerdo con la mencionada ley, el servicio de protección comprende la protección del beneficiario con personal de seguridad en su lugar de residencia y/o trabajo, y el cambio de identidad.

Además, el cambio del lugar de residencia de la persona, pudiendo incluir los gastos de vivienda, transporte y subsistencia.

Acerca de este último tema, Solís resaltó la necesidad de localizar inmuebles que puedan servir al MP como casas secretas y de seguridad para mantener en ellas a los testigos.

Recordó que en una ocasión tuvieron a su cargo a dos integrantes de grupos de pandillas, de 14 y 17 años de edad, cuya protección se dificultaba por el tipo de información que manejaban, y además, porque violaron en varias ocasiones las normas del programa.

“Una vez hicieron un escándalo en el jardín de la residencia, fue tal que los vecinos se quejaron y los policías (que se encargaban de su protección) tuvieron que salir a decir, es que son testigos protegidos”, relató. Esto conllevó perder ese lugar como casa de seguridad.

“Eran exmiembros de clicas que habían matado cualquier cantidad de gente. Las historias vitales de ellos eran para llorar. Los tuvimos que expulsar varias veces pero nos los regresaban”, dijo.

Años atrás, ellos revelaron a las autoridades la información relacionada con quiénes serían los responsables de matar y desmembrar a mujeres y dejar sus restos en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala.

En cuanto al tema de apoyarles con los gastos, Sandoval explicó que se hace porque el hecho de que las personas sean reubicadas en un área en donde no conocen a nadie y no tienen trabajo, no les permite tener ingresos económicos. Entonces, mientras se restablecen y buscan una actividad que les permita obtenerlos, el MP se hace cargo de su alimentación y vivienda.

En el caso de Monzón, ambos entrevistados señalaron lo difícil que sería reubicarlo porque es una persona conocida, ya que sus declaraciones fueron de conocimiento público.

“Cómo vamos a relocalizar a alguien como Monzón, cambiarle fisionomía y nombre, si quién no lo reconoce”, manifestó Solís.

Aunque se hable de que personas que han cometido delitos salen de prisión en un menor tiempo al colaborar con la justicia, no todo es positivo para ellos, pues deben buscar rehacer su vida en otro lugar.

Para Solís, el estar fuera del país ya es una sanción implícita. "Quizá la persona podrá tener una mejor vida fuera, pero no escogió irse, sino que tuvo que hacerlo. No está en donde se encuentran sus familia ni sus seres queridos”, dijo.

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Otras experiencias

“Tuvimos como testigo a un Zeta”, dijo la exdirectora del programa de protección al recordar cómo fue tener bajo su responsabilidad a un integrante del cártel de Los Zetas, una organización mexicana dedicada al narcotráfico, que tiene estructuras en diferentes países.

“Le dije a Claudia (Paz y Paz, exfiscal General del MP) que no teníamos capacidad para tener un Zeta. Nos lo quitaron del sistema de protección y nunca supimos quién lo tenía. La Fiscalía General dijo lo recogemos y nos lo llevamos”, indicó.

La abogada también recordó un caso en donde se detectaron ciertas anomalías, pues se brindaba protección a colaboradores de un caso que estaba a cargo de la Fiscalía de Villa Nueva. Eran dos personas, a quienes se les reubicó en Cobán, Alta Verapaz; y El Progreso.

Pero pocos días después de que llegaran al que sería su nuevo lugar de residencia, volvieron a cometer hechos ilícitos. “Los policías que los cuidaban informaron que salían a recibir depósitos bancarios (hechos por sus víctimas). Seguían en la cadena de extorsiones y el MP se estaba prestando a que el Estado cuidara” a este tipo de personas, expresó.

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Momento “doloroso”

Los entrevistados se refirieron también a los cambios que a las personas les genera en su proyecto de vida el hecho de colaborar con la justicia, pues significa dejar su lugar de origen, a sus amigos y, en algunos casos, sus familias.

En este contexto, recordaron el caso Portillo, en el que tres exfuncionarios fueron procesados bajo señalamientos de peculado y, por mayoría, un Tribunal los absolvió.

Solís indicó que tres testigos de este proceso penal fueron acogidos por el programa de protección cuando ella fungió como directora.

Para mí fue doloroso, tuve a tres testigos que se les paró la vida. No habían participando más que recibiendo instrucciones, como que “abrieran la bóveda, o hicieran los paquetes”.

“Los tres estuvieron refundidos con sus familias. Ellos lloraron cuando absolvieron a los que estaban procesados. No entendían cómo, si ellos habían sido instrumento", expresó.

"Se les paralizó el proyecto de vida a todos (los testigos) y hubo que sacarlos del país. Sabíamos por todo lo que pasaron, pues comentaron cómo había estado la sacada del dinero. Verlos salir (a los procesados) como que nada había pasado era muy doloroso”, agregó.

Según la abogada, un caso puede ser lo suficientemente sólido para que se dicte una sentencia condenatoria, pero sin generalizar, hay juzgadores que no se rigen conforme ello, por lo cual hizo un llamado a la ciudadanía a estar vigilante de los diferentes procesos penales que se llevan a cabo en Tribunales.

Sandoval aseguró que no depende del ente investigador si condenan o absuelven a los procesados, pues es una situación de criterio jurisdiccional.

Y en cuanto al caso Portillo, el fiscal mencionó que hasta ahora este ha sido el resultado “más doloroso” en su carrera, pues tenía solidez, pero por criterio de mayoría de un Tribunal se dictó la absolución de los procesados. “No sé si los fiscales no pudimos convencer o qué pasó. Hasta ahora sostengo que este fue un caso sólido”, aseguró.

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