Tras 33 meses de permanecer en prisión, Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidencia y colaborador eficaz en varios casos de corrupción, recobró su libertad.
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Acerca del caso de Monzón y de cómo se maneja la participación de colaboradores y testigos en los procesos judiciales en el país se conversó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
Como invitados en cabina participaron María Eugenia Solís, abogada y exdirectora del Programa de Protección a Testigos del Ministerio Público (MP); y Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Sandoval dio a conocer detalles de cómo fue la colaboración mantenida entre Monzón y el ente investigador. Según dijo, hubo dos convenios y él cumplió con brindar información que permitió robustecer las investigaciones en casos en donde él estaba procesado y en otros más.
Fue colaborador en los casos La Línea y Cooptación del Estado, pero además proporcionó información en un caso conocido como El Bodegón, que está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, y se refirió a supuestos actos de corrupción ocurridos en el Registro de Información Catastral, lo cual generó una nueva investigación. Además, compareció por lo menos en 15 ocasiones en Juzgados de Extinción de Dominio.
Pese a que los testimonios de Monzón permitieron aclarar los datos contenidos en documentos y dispositivos decomisados durante diligencias de allanamiento y que él permitió determinar cómo se desarrollaban las actividades ilícitas de organizaciones criminales, las críticas por su salida de prisión se han dado en redes sociales.
Ante ello, Sandoval indicó: “Consideramos que las críticas son válidas, al final de cuentas una persona que es colaborador es un delincuente y ha participado en las acciones de una estructura criminal, pero que a diferencia de otras personas ha brindado información que ha ayudado a esclarecer hechos, individualizar partícipes, explicar la forma en que se desarrollaron las acciones, la ubicación de bienes y ganancias obtenidas por los actos ilícitos y su recuperación”.
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Por el papel que juega un colaborador en las investigaciones, recibe a cambio un beneficio y en el caso de Monzón, era obligación del MP solicitarlo puesto que él ya había cumplido con brindar la información a la Fiscalía, dijo el entrevistado.
Monzón también devolvió lo que obtuvo como producto de las actividades ilícitas en las que participó. La Unidad de Extinción de Dominio hizo un “arduo y fructífero trabajo”, dijo Sandoval, y se recuperaron por lo menos 15 inmuebles, incluyendo bienes de él y otras personas relacionadas con las estructuras criminales.
Por aparte, el fiscal se refirió a las penas que podría haber enfrentado Monzón si no hubiera sido colaborador eficaz. “Si se tiene en consideración que podría haber sido condenado por todos los delitos de los que era sindicado serían entre 25 y 30 años de cárcel”.
Rechaza protección
Se conoció que Monzón salió del país por el riesgo que representaba permanecer en Guatemala, pero ahora proteger su integridad física corre por cuenta propia ya que rechazó ser parte del Programa de Protección a Testigos del MP.
Sandoval explicó que se dispone de una instrucción que establece la protección de colaboradores eficaces, y ya en libertad, el MP se compromete a ofrecerles a estas personas la protección, pero es decisión personal si la aceptan.
“Monzón, al tener conocimiento de qué era lo que le podría ofrecerle el programa fue disposición voluntaria de él la autoprotección, es decir que él mismo se responsabilizaba de su propia seguridad”, señaló.
Su familia tampoco estaba acogida por el sistema de protección, salió del país y el propio Monzón se estaba haciendo cargo.
Según el jefe de la FECI, aunque ya salió de Guatemala, Monzón va a seguir relacionándose con las autoridades guatemaltecas y en cuanto sea necesario tiene la obligación de comparecer.
“El incumplimiento de obligaciones adquiridas implica la revocación de beneficios y no creo que una persona que estuvo varios meses fuera del país en persecución quiera nuevamente enfrentar una situación igual”, añadió.
Incidentes denunciados
Monzón manifestó en diferentes ocasiones que temía por su seguridad y la de su familia, pues incluso denunció que una vivienda donde residían personas allegadas a él fue allanada de forma ilegal por hombres armados.
Pero colaborar con el sistema de justicia no le trajo solo esa incertidumbre acerca de posibles acciones contra su integridad física, sino también habría tenido impacto en el aspecto psicológico.
Por cuestiones de seguridad, el fiscal Sandoval no profundizó en lo que vivió el exsecretario de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti en donde estaba recluido.
“Era un objetivo, todo mundo quería saber dónde estaba él. Le cortaron el agua y la energía, prácticamente estaba siendo presionado”, dijo.
Mientras que su ámbito familiar y las personas que anteriormente tuvieron algún tipo de convivencia con él fueron víctimas de acoso, lo cual hacía que su “permanencia en un centro de detención era ya casi insostenible”.
“Sus declaraciones escandalizaron a mucha gente, y las personas con poder económico y político, al final de cuentas fueron relacionadas en su declaración”. “El riesgo es inmenso en cuanto a la seguridad de él”, agregó.
¿Exilio dorado?
Sandoval recordó que en una audiencia en donde compareció Monzón, el abogado de uno de los sindicados mencionó que después de declarar el colaborador “iría al exilio dorado”, lo cual a criterio del fiscal no es así.
Aunque los entrevistados no justificaron la actuación de un colaborador eficaz, sí se refirieron a las dificultades que enfrentan al ser parte de un proceso de este tipo, principalmente después de salir de la cárcel. Pero no solo ellos, sino también sus parientes. “Sabemos lo que ha sufrido la familia”, dijo el jefe de la FECI.
“El estar fuera del país ya es una sanción implícita, lo pueden decir todos los migrantes, pues no está en donde está su familia ni sus seres queridos. Monzón podrá tener una mejor vida fuera, pero no escogió irse, sino que tuvo que hacerlo”, expresó Solís por su parte.
Asimismo, la abogada se refirió a que como parte del Programa de Protección a Testigos es difícil encontrar un país que, como parte de un convenio bilateral con Guatemala, quiera recibir en su territorio a colaboradores eficaces, pues saben que fueron partícipes en hechos delictivos y responsables de delitos.
“No hay extraterritorialidad con los testigos que necesitan salir. Cómo vamos a relocalizar a alguien como Monzón, cambiarle la fisionomía y nombre, si quién no lo reconoce. Es un hecho público”, expuso.
La entrevistada aseguró que el riesgo que corre estando en el extranjero “no es el mismo que aquí (en Guatemala), y eso es seguro”.
Y acerca de cuán garantizada está la seguridad de Monzón si permanece fuera del país, manifestó que eso dependerá de muchos factores, pero básicamente tiene que ver con la disciplina y discreción con que se maneje.
En su experiencia como jefa del programa de protección pudo observar que el principal acto que coloca en vulnerabilidad a testigos que han salido del país es que generalmente restablecen contacto con sus conocidos, cuando lo ideal es que rompan vínculos.
Por su condición de humanidad necesitan mantener esos lazos y empiezan a comunicarse por teléfono o internet con su familia, lo cual hace que las personas los puedan ubicar y se presenta el riesgo.
En el caso específico de Monzón, también el tema económico es un factor que llama la atención, pues estando bajo el programa de protección se le habría apoyado en la atención de su alimentación, pero como desistió de ser parte de este, debe buscar la manera de subsistir.
