Sin consensos finalizó ayer la reunión de la comisión que reformará el segundo párrafo del artículo 407 “N” del Código Penal, que se refiere al financiamiento electoral ilícito.
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Los diputados que integran esa sala solo conocieron el tercer borrador que contempla que el financiamiento electoral anónimo, el cual no está regulado en la ley, sea sancionado con penas de dos a cinco años; sin embargo, varios de ellos mostraron sus dudas y decidieron atrasar la discusión para la próxima semana.
El diputado Estuardo Galdámez le pidió "trabajar rápido" a la Comisión Extraordinaria que hará reformas al delito de financiamiento electoral ilícito porque a las 12:45 horas es el partido del @realmadrid. @PublinewsGT pic.twitter.com/Mn4Kqz2xa7
— Sandy Pineda (@SPineda_PN) April 11, 2018
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Ante esa situación, Rodolfo Castañón, presidente de esa comisión, vio viable enviarles un documento prefinal que incluya el análisis de las siete propuestas que buscan reformar el delito electoral.
El viernes todos tendrán su documento prefinal. Espero citarlos nuevamente el martes para que ese día firmemos el documento final”, dijo Castañón.
Incrementar penas
De manera inusual, la diputada Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador, dijo estar a favor de que se incrementen las penas para las personas que no reporten al Tribunal Supremo Electoral las contribuciones dinerarias o de otras especies que entreguen a los partidos políticos.
Al escucharla, varios de sus compañeros se mostraron asombrados por el cambio de actitud. Algunos dijeron que esperan que su postura no sea solo parte de un discurso.
Carrillo fue electa en 2015 diputada por el cancelado Partido Patriota (PP). Durante la administración de Otto Pérez Molina fue directora del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve). La legisladora era allegada a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.