Desde cómo conoció al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicemandataria Roxana Baldetti, hasta el momento en que se enteró de que existía una orden de captura en su contra por participar en actos ilícitos, relató ayer el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón en la audiencia de anticipo de prueba del caso Cooptación del Estado.
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Sus declaraciones, así como el tema del financiamiento electoral ilícito, fueron analizados este martes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas. Como invitados en cabina participaron Renzo Rosal, analista político independiente; y César Sigüenza, abogado y notario. Y por la vía telefónica se conversó con el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
A criterio de Sigüenza, lo que más impacta es que en conjunto las declaraciones de Monzón demuestran la debilidad institucional de todo el Estado guatemalteco. “Se escuchó un repaso de cómo ningún control funciona si la gente se organiza para burlar a las autoridades”, dijo.
“Guatemala es tan débil que cualquiera que se organice de manera más o menos ordenada puede saltarse las leyes”, añadió.
En tanto, Rosal refirió que cuando Monzón hace referencia a que mientras estaba prófugo en España notó que Baldetti se preocupaba solo por un “folder de negocios” que él tenía en su poder, y no en realidad por su situación, se observa que el objetivo desde la época de la campaña, que se materializó durante el período de Gobierno, y se buscó continuar en 2015, era establecer una “agenda de control de recursos del Estado y hacer una maquinaria de negocios”,
“Se habla de una trama absolutamente abarcadora, donde el financiamiento electoral irrumpe en la escena con una voracidad”, refirió.
En ese sentido, Rosal y Sigüenza resaltaron la importancia de que se realice una reforma objetiva al artículo 407 del Código Penal, que hace referencia al financiamiento electoral ilícito, para que se generen castigos a personas que incurran en este delito, los cuales deberán ser en proporción al daño causado. Esta es una discusión que actualmente se desarrolla en el Congreso.
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¿Fraude electoral?
Monzón habló acerca de que se entregó dinero para evitar que beneficiarios de programas sociales acudieran a las urnas.
“Roxana Baldetti me pidió que les pagara a sindicalistas para que los beneficiados de la bolsa solidaria no fueran a votar después de haber ganado la primera vuelta en 2011”, dijo, y aseguró que se movilizaron Q9 millones en cinco departamentos.
Acerca de ello, Sandoval expuso que esta situación es “censurable a todas luces, porque al final de cuentas lo que se estaba impidiendo era el ejercicio del voto”.
Asimismo, se disculpó por el “atrevimiento” al mencionar que prácticamente eso implica que en algunos distritos electorales “hubo fraude porque se impidió o se trató (de evitar), vía el pago de recursos, el ejercicio del voto”.
A criterio de Rosal, la posible de manipulación en el manejo del padrón electoral es algo “descomunal”, al igual que repartir dinero para restringir la participación electoral, por lo cual ambos temas podrían quedar como elementos muy graves.
Es un tipo de práctica de fraude selectivo, al buscar que en ciertos distritos electorales, donde quizás había más personas aptas para votar, se les restringió el derecho al voto, por lo cual incluso se pueden poner en duda los resultados electorales generales, añadió el analista.
Mientras que Sigüenza aseguró que lo dicho por el colaborador deberá investigarse a fondo porque es “muy peligroso” pensar que los resultados fueron trastocados. Estas acciones caerían en un clientelismo negativo, pero no en algo que haga pensar que la tabulación de los datos haya estado mal, indicó.
Aspectos a investigar
Según Sandoval, se deberán desarrollar las pesquisas con relación a las diferentes personas y empresas a las que hizo referencia el colaborador eficaz durante su intervención ante el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, para constatar si las acciones que habrían desarrollado podrían ser consideradas como ilícitas.
“En la mayoría de los aspectos, todo este tiempo que hemos tenido nos ha permitido profundizar, y de la manera en que ayer se hizo mención de personas y de eventos que para la primera declaración eran desconocidos, para hoy tenemos mayor soporte y tendremos que continuar realizando las labores de persecución penal que correspondan”, expresó.
Asimismo, se analizará si hubo filtración de la información de parte de la Fiscalía o de la judicatura con relación a la orden de captura contra Monzón, ello luego de que él asegurara que supo de esta 24 horas antes de que se emitiera.
La situación deberá ser objeto de investigación y análisis para determinar si estos actos pueden considerarse como encubrimiento u obstrucción a la justicia, indicó.
Por aparte, Monzón mencionó ayer en la audiencia que María Eugenia Villagrán, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), le entregó una laptop con información del padrón electoral, acerca de ello, el jefe de la FECI señaló que es un aspecto que está bajo investigación.
Hasta dónde un magistrado del TSE realizaba una actividad de colaboracionismo, si era parte de sus funciones informar a un determinado partido político cómo marchaba el padrón electoral, es parte de los puntos que comprende la investigación, explicó.
De acuerdo con el entrevistado, la Fiscalía ha tenido comunicación con Villagrán y que ella está anuente a presentarse en el ente investigador.
