El pasado 2 de octubre, integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán, así como miembros de otras organizaciones ancestrales, bloquearon varias carreteras del país en rechazo al secuestro de las cajas electorales por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
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En esa ocasión, el presidente, Alejandro Giammattei, aseguró que las manifestaciones eran financiadas desde el extranjero y que presentarían denuncias, pero de momento se desconoce si el Ministerio Público (MP) abrió alguna investigación contra las movilizaciones.
Ciudadanos y organizaciones se sumaron a las medidas de hecho hasta el 22 de octubre en la mayoría de carreteras, calles y avenidas del país; el 26 de octubre, en Sololá, se levantaron los últimos bloqueos.
Sin respuesta del MP
Casi un mes después, el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general, María Consuelo Porras, a quien los manifestantes le pedían su renuncia, no ha respondido si empezó una pesquisa por lo sucedido.
Publinews consultó al equipo de comunicación social del MP el 15 de noviembre si existía alguna investigación contra los bloqueos, si es así, cuáles avances se reportan y cuál fiscalía tiene a su cargo el proceso. Sin embargo, no han respondido a los múltiples recordatorios del requerimiento de información realizado.
En su momento, Porras planteó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que los más de cien bloqueos que llegaron a estar activos fueran dispersados.
La fiscal general argumentaba que se violentó el derecho a la libre locomoción, así como el acceso a la justicia, supuestamente, porque los trabajadores del MP y denunciantes no podían ingresar al edificio central.
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Incluso requirió la destitución del entonces ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, e inició una investigación en su contra.
Durante estas semanas, los manifestantes, algunos de los cuales permanecen frente al edificio del MP, exigen que se respeten los resultados electorales luego de que la FECI secuestrara las actas electorales, aduciendo una denuncia por supuestas anomalías en el conteo de votos.
Para el abogado Oswaldo Samayoa, no sería extraño que el MP busque investigar las manifestaciones, considerando la dinámica del caso presentado recientemente por la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
“Es muy probable que lo haga, su actuar hasta ahora ha rozado con violentar garantías constitucionales y, en algunos casos, sí ha ido en contra de estas garantías y derechos fundamentales”, remarcó.
Sin embargo, para Samayoa, la población guatemalteca está dispuesta a defender su derecho a manifestación.
¿Caso “Usac” será un precedente?
Hace dos semanas, el MP capturó a seis personas, entre estudiantes, docentes y particulares, por la toma de la Usac entre 2022 y 2023. Además, requirió el retiro de inmunidad del binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, así como varios diputados.
El argumento de la Fiscalía es que con la toma de las instalaciones se dañó un inmueble que es Patrimonio de la Nación y se obstaculizó el derecho a la educación, entre otros señalamientos. Mientras que los funcionarios habrían aprovechado lo sucedido para promover sus candidaturas.
