El Gobierno de Guatemala emitió un comunicado de prensa instando a respetar la soberanía del país, luego que el Departamento de Estados de los Estados Unidos y la Unión Europea, fijaran su postura por la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre la revisión de impugnaciones electorales.
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Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo aseguró que es respetuoso de la independencia de poderes y de los procesos que se efectúan por parte del ente electoral y judicial.
“Invocamos el pleno respeto a la doctrina de las relaciones internacionales que consagra el principio de la no intervención en asuntos internos, establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, agregó.
GOBIERNO ENFATIZA EN SOBERANÍA
También destacó que para el Gobierno es “para nosotros es inclaudicable el principio de soberanía”, así como el respeto a la legalidad.
“Hacemos un llamado a ser respetuosos de la soberanía de los Estados, en especial del ente electoral y el sector justicia de un país, siendo este último quien debe velar por el respeto de la legislación nacional y luchar contra la impunidad”, menciona.
A la vez, reiteró que es necesaria la confianza en el trabajo de las instituciones para mantener la institucionalidad democrática en el país, ya que la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos confieren atribuciones y obligaciones al Tribunal Supremo Electoral en materia electoral.
EE. UU. Y UE SE PRONUNCIAN
Minutos antes el Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su preocupación por la interferencia del proceso electoral.
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Mientras que la Unión Europea manifestó su confianza en el trabajo de los observadores electorales y quienes velaron por el respeto de los votos emitidos por la ciudadanía.
Ambas posturas se dieron luego que la Corte de Constitucionalidad otorgara un amparo provisional a 10 partidos políticos, quienes piden una nueva revisión por supuestas anomalías en el conteo y reporte de votos; la resolución ordena al Tribunal Supremo Electoral no adjudicar ningún cargo a elección popular.