La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) resolvió que se dispongan de inmediato medidas urgentes por parte del Estado de Guatemala para garantizar la vida e independencia judicial del titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.
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El togado enfrenta actualmente un proceso de antejuicio por una denuncia promovida en su contra por la Fundación contra el Terrorismo. Además, ha denunciado que es víctima de intimidaciones, las cuales se incrementaron tras enviar a juicio a los implicados en el caso Diario Militar.
En ese contexto, la CorteIDH consideró que se deben implementarprácticas necesarias para protegerlos derechos a la vida e integridad personal del togado y de su núcleo familiar, así como garantizar la independencia judicial.
Esto se da en respuesta a un escrito presentado por representantes de las víctimas del caso “Diario Militar” el 14 de junio de 2022, cuando solicitaron la adopción de medidas provisionales en favor de Gálvez a fin de evitar que se produzcan daños irreparables a sus derechos.
Específicamente se indicó que dicho juzgador “interviene durante la etapa preparatoria e intermedia del caso Diario Militar” y, recientemente, “ha enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías”, y decidirá sobre la situación jurídica de otros seis sindicados.
De igual forma, los interponentes manifestaron que Gálvez “ha sido víctima de amenazas por su trabajo a través de los años”.
“El Estado no ha adoptado otro tipo de medidas para garantizar que pueda realizar su labor en condiciones de independencia, como legitimar públicamente su labor o impedir el avance de procesos de criminalización en su contra o investigar los hechos que dieron origen a las medidas cautelares”, añadieron.
Organizaciones rechazan denuncias contra Gálvez
Organizaciones internacionales emitieron recientemente un pronunciamiento con relación a la situación que se vive en Guatemala y rechazaron lo que calificaron como ataques y criminalización contra el juez Miguel Ángel Gálvez.
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Afirmaron que la búsqueda de retirarle la inmunidad se suma a una serie de ataques, hostigamientos, amenazas y acciones judiciales emprendidas contra operadores de justicia en Guatemala que buscan remover de la judicatura a los profesionales.
“Con estos actos se atenta contra la democracia y la justicia, perpetuando un sistema de impunidad estructural en perjuicio del frágil estado de derecho en Guatemala, cuya defensa recae sobre jueces y juezas independientes”, destacaron.
* Con información de Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7.
