Comisión Presidencial reconoce a estructuras de corrupción incrustadas en el Ejecutivo

El gobierno detalló el estado de la pandemia causada por el COVID-19 en una conferencia que se desarrolló en el Palacio Nacional de la Cultura. Guatemala.
Palacio Nacional de la Cultura.
Óscar Dávila, director ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, explicó cómo las redes de corrupción operan en el Ejecutivo y se extienden a otros organismos.
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Una constante en el tema de corrupción en el Ejecutivo, según el director ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, Oscar Dávila, son dos temas: fraccionamiento en compras y el cobro ilegal de comisiones por contrataciones o permanencia en plazas de empleados públicos.

“Hemos tenido alertas de personas agraviadas que sufren el cobro de cierto porcentaje de su salario o permanecer en los cargos que ocupan”, especificó Dávila, en entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.

Comisión presenta informe

La Comisión recién presentó un informe en el que señala que investigan a 1 mil 045 funcionarios y empleados de dependencias del Organismo Ejecutivo por presuntamente defraudar el erario público por unos Q152 millones. También señalan a 50 personas individuales y a 60 empresas por transacciones que suman Q150 millones presuntamente defraudados al erario público durante el primer trimestre de este 2021.

El informe incluye dos denuncias penales que fueron presentadas ante el Ministerio Público; la primera en contra de una persona particular, la segunda involucra a un viceministro y subalternos, así como a particulares por actos ilícitos.

Según el informe durante el primer trimestre recibieron 86 alertas de corrupción, de las cuales 82 fueron dirigidas contra instituciones y dependencias del Ejecutivo.

“No se trata solo de funcionarios aislados que toman una decisión de un cobro esporádico, unilateral, sino son estructuras incrustadas en algunas entidades del Organismo Ejecutivo, pero que tienen vínculos entre otros organismos de Estado. Nosotros presentamos ya varias denuncias donde se involucran a otros actores fuera del Ejecutivo”.

“El año pasado, una de las primeras aprehensiones que se dieron por denuncias que presentamos, precisamente, fue de un asesor de una bancada del Organismo Legislativo que tenía vínculos con funcionarios del Ejecutivo, entre otros, y también particulares”.

“Un gran sistema de saqueo”

Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, participó también en la entrevista e indicó que a su parecer la comisión va detrás de la pequeña corrupción y no del “epicentro” que son los “decisores políticos que mueven ese sistema corrupto“.

“El diagnóstico de una comisión, o un esfuerzo, primero hay que tener un buen diagnóstico del problema y luego fortalecer lo que tengo a la mano, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la Fiscalía Contra la Corrupción, delitos asociados. La Contraloría General de Cuentas, tomada también por el sistema de corrupción”, afirmó.

“Por muy buen trabajo que haga la comisión son cosquillitas que se le hacen a los operadores de este gran sistema de corrupción que existe en el país”, aseguró Marroquín.

“Tengo una lectura diferente de abordar la corrupción, es un cáncer que ha hecho ya metástasis en el país. El trabajo de la comisión, no lo demerito; es una decisión política que obviamente no le corresponde al licenciado Dávila, lo que amerita es una intervención de un cáncer, no de hacer intervenciones menores que no van a corregir el problema mayor”, añadió.

“Esas practicas de comisiones para otorgar plazas es una practica ya en todos los organismos del Estado”. Citó como ejemplo los casos ya expuestos en el Congreso de la República.

“No solo es la categoría del dinero, no solo porque involucre muchos millones, muchas cantidades. Se habla de que un país tiene gran corrupción cuando todo su sistema de gobierno está organizado para saquear los recursos públicos, naturales o cualquier otro recurso valioso. Es un concepto que alude más al sistema, que todas las decisiones están orientada al saqueo”, resaltó el activista.

Según Dávila “delito es delito” y no se puede “obviar esas actitudes o enmarcar en grandes casos, o como lo define el licenciado Marroquín, ‘la gran corrupción’ sin determinar también donde es que nace o inicia este proceso. No podemos decir que un director o un jefe de departamento sea el único que estamos persiguiendo por esto, son estructuras ya organizadas“.

Su competencia, aseguró, está delimitada en el Ejecutivo, tiene poco personal, poco presupuesto, pero la “instrucción y puerta abierta” para llegar a todas las instancias del Ejecutivo.

¿Usted ha tenido conflictos con el presidente en relación a las denuncias que ha presentado? 

“En ninguna de ellas”, aseguró Dávila. “Nosotros hemos tomado decisiones como mesas de directores para la presentación de la denuncia, ni del presidente, ni de ningún funcionario para la presentación de las denuncias. Nosotros derivado de la investigación nuestra labor es crear mecanismos tanto de lucha como de prevención de la corrupción dentro del Ejecutivo”.

Dávila indicó que para el cobro de comisiones hemos ideado un plan de estrategia para identificar redes de corrupción dentro del Ejecutivo.

“No solo el Organismo Ejecutivo está padeciendo de esto, todos los organismos de Estado lamentablemente. Esto refleja muchas redes de corrupción y es un tema que han visto de manera muy simple, de agenciarse de fondos ilícitos, y creemos que una estrategia, al menos en el Organismo Ejecutivo por ser nuestra competencia es lo que nosotros vamos a presentar”.

Con relación a los sindicatos, Dávila explicó que se han tenido denuncias y una fue remitida al Ministerio Público. En esa línea, Marroquín dijo que no sorprende que no reacciones, puesto que en algunos casos “son parte del engranaje de la corrupción”.

“Nos han confundido, comparado de mala manera; no sé con que fines. Nosotros somos una comisión presidencial específicamente para crear mecanismos de lucha y prevención de la corrupción dentro del Ejecutivo. Nosotros nunca nos vamos a comparar con una Copret (Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico) o CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) u otras instancias como el MP o Contraloría General de Cuentas”.

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