El expresidente del Organismo Legislativo Pedro Muadi fue beneficiado por la Sala Segunda de Apelaciones Penal, que le redujo la condena de 30 años a ocho de prisión.
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Asimismo, anuló la sentencia por los delitos de lavado de dinero y asociacción ilícita, dejando el delito de peculado por sustración en el caso “Plazas fantasma” en el Congreso durante 2012.
Otro de los beneficios que recibió el exdiputado por el Partido Patriota (PP) es que solo deberá pagar una multa de Q40 mil y no de Q4 millones, como fijó en la sentencia el Tribunal Octavo Penal.
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En su momento, Muadi criticó la condena y el resarcimiento, al indicar que no “había asesinado a nadie”, pues no se pudo probar la responsabilidad en los dos delitos eliminados.
La investigación del Ministerio Público (MP) y la CICIG encontró que durante la gestión de Muadi se contrataron a 28 personas, pero no se presentaban al Congreso para cumplir sus funciones y el salario pagado se repartía entre varios excongresistas.
Además, ambos investigadores procesaron a los integrantes de la directiva del Congreso, entre ellos Luis Rabbé, con proceso de extradición de México, y Arístides Crespo. Mientras que otros excongresistas se encuentran prófugos por esos casos.
Resalta impunidad
El titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, señaló que la anulación también de la Sala Segunda de Mayor Riesgo en el caso “Fénix” es un ejemplo de cómo opera la impunidad en el país.
La decisión judicial beneficia a 52 personas que son acusadas de la sustracción de Q350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Sandoval agregó que se presentará la acción correspondiente para que la Cámara Penal pueda advertir de los vicios que existen en la resolución de la Sala Segunda.
Esa misma judicatura benefició al exdiputado Armando Escribá, señalado de concusión y fraude por Q194 millones cuando dirigió la Dirección General de Covial en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y del PP.
El excongresista busca separar del caso “Construcción y corrupción” a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.
No obstante, semanas después la Cámara de Amparos confirmó a Aifán en el proceso penal.
En ambos casos los magistrados suplentes que han botado los procesos de corrupción son Gloria Dalila Suchite Barrientos, Noé Moya García y César Aníbal Najarro López.