Diputados de siete bancadas del Congreso solicitaron a la Comisión Permanente que se realice el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
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En total, son 51 legisladores de los bloques UNE, Bienestar Nacional, Winaq, Movimiento Semilla, MLP, PAN y URNG, quienes piden a las autoridades del Organismo Legislativo que se cumplan con los fallos de la Corte de Constitucionalidad.
Envían carta
En una carta dirigida al presidente de ese organismo, Allan Rodríguez, diputados le recuerdan que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas están sometidas a la supremacía de la Constitución.
Los diputados se mostraron en contra de las acciones ejecutadas por miembros de la Comisión Permanente, lo cual desobedece los fallos de la CC.
“En consecuencia, no compartimos las acciones realizadas por la Comisión Permanente del Congreso, encaminadas al incumplimiento de las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad”, se lee en la misiva.
Además, les recuerdan que todas las resoluciones dictadas por ese tribunal deben ser cumplidas ya que se trata de la última instancia en materia jurisdiccional, sus resoluciones deben ser cumplidas y obedecidas.
“Cualquier acción legal que se pueda iniciar no excusa la obligación de darle debido cumplimiento a dichas resoluciones por parte de este organismo de Estado o cualquiera de sus miembros”, resaltaron los legisladores.
Asimismo, enfatizaron que su incumplimiento lesiona seriamente el estado constitucional de derecho especialmente cuando dicha violación se realiza desde un organismo cuya naturaleza es eminentemente representativa.
Elección de magistrados
El pasado 6 de mayo la CC otorgó un amparo en definitiva en la acción presentada por el Ministerio Público (MP) contra el Congreso y ordenó que los nombramientos de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones se hagan conforme lo establecido en la Constitución.
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En ese sentido, el Legislativo deberá excluir del proceso de elección a los profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estén comprometidas.
En tanto, los postulados deberán contar con los aspectos dictados en la carta magna para garantizar que quienes sean designados sean los más capaces e idóneos para el cargo.
Sin embargo, en relación a estas designaciones, el ente investigador accionó en febrero pasado contra la elección de los togados para el periodo 2019-2024, señalando una amenaza “real e inminente” de que se llevara a cabo a pesar de existir vicios en el proceso.
