El Ministerio Público (MP) presentó una recusación contra el juez Décimo Penal, Víctor Cruz, con el objetivo de que no continúe conociendo el caso “Subordinación del Legislativo al poder Ejecutivo”, en el cual hay diputados señalados.
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) duda de la imparcialidad del togado, pues a su criterio, podría tener interés personal en el asunto que se dilucida en esa investigación.
Por este caso están señalados siete diputados y el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, contra quienes se presentaron solicitudes para que se les retire la inmunidad.
De acuerdo con las pesquisas realizadas por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), existió la compra de voluntades dentro del organismo Legislativo.
Supuestamente las operaciones ilícitas eran dirigidas por la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien habría accionado para que se aprobaran diferentes leyes.
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En suspenso
En noviembre pasado el juez Cruz anuló todas las diligencias de investigación del caso “Subordinación del Legislativo al poder Ejecutivo”, fallo que favorece a los implicados en ese expediente judicial.
En ese sentido, el MP accionó contra esa resolución por considerar que se está impidiendo el ejercicio de la persecución penal, ya que han anulado diligencias de investigación cuando ninguna persona ha sido llamada a responder a un proceso.
El pasado 13 de diciembre se dio a conocer que el proceso seguiría suspendido luego de que la Sala Cuarta de Apelaciones resolviera suspender trámite del referido amparo.
En esa ocasión, el titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, informó que se presentó una apelación en la Corte de Constitucionalidad contra lo dispuesto por los magistrados de la sala.
“Nos parece un grave impedimento al ejercicio de la acción del MP y una grave injerencia a lo que corresponde a las facultades que son acorde a la institución que represento”, manifestó.
