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El Juzgado Cuarto Penal, a cargo de Pedro Laynez, ratificó al fiscal del Ministerio Público (MP), Luis Mejía, en el caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, donde están señalados diputados y exfuncionarios.
El togado rechazó un amparo por medio del cual se buscaba separar de la investigación al agente fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Este caso está relacionado con el posible pago de sobornos a diputados del Congreso de la República para asegurar la aprobación de determinadas leyes.
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Mejía dio a conocer en julio pasado que tras haber develado los resultados preliminares de las pesquisas, él y otros fiscales han sido víctimas de ataques por parte de algunos sindicados.
Indicó que se han presentado denuncias de tipo penal en su contra y de otros trabajadores de la FECI, las cuales están pendientes de dilucidarse.
Sus declaraciones se dieron tras acudir a la Sala Primera de Mayor Riesgo para ratificar ante el juez pesquisidor, Mynor Oxom, el antejuicio contra el diputado Gustavo Medrano, uno de los sindicados.
Baldetti habría coordinado actos ilícitos
El caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo fue presentado en mayo de este año por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Por medio de las investigaciones se detectó la posible compra de votos en el Legislativo para la aprobación de decretos. Estas acciones habrían sido coordinadas por la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Un informe de la FECI detalla que dentro del Estado operaba una estructura de funcionarios que “alteraba el orden democrático y el sistema republicano, al supeditar las funciones legislativas del Poder Ejecutivo a cambio de una promesa de pago”.
La FECI presentó solicitudes de antejuicio contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares, y siete diputados al Congreso por presuntamente estar vinculados a estas acciones.
