La junta directiva del Congreso oficializó la creación de una nueva comisión para fiscalizar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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Por medio de un acuerdo de Presidencia del Legislativo se estableció la denominada “comisión de la verdad”.
Esta sala específica estará integrada por los diputados:
- Juan Ramón Lau, presidente
- Luis Hernández Azmitia, secretario
- Manuel Conde, integrante
Esto se da luego de que por medio de un fallo de la Corte de Constitucionalidad se dejara en suspenso la labor de la comisión creada en septiembre pasado, con el fin de detectar posibles irregularidades en los 12 años de trabajo de la CICIG.
Inicia funciones
Lau fue el encargado de darle lectura al acuerdo de creación de la comisión y de brindar detalles de cómo se llevarán a cabo las funciones de la misma.
Señaló que desde este 14 de octubre se empezarán a desarrollar las audiencias en las cuales los supuestos “afectados” por el trabajo de la CICIG expondrán sus casos.
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Para este lunes se tenía previsto que, a “título personal”, un grupo de diputados escuchara a 15 supuestos agraviados por acciones de la CICIG.
En ese sentido, “aprovechando su presencia” de estas personas en el Congreso, serán escuchadas por la nueva comisión, detalló Lau.
Finalmente, hizo una invitación a los demás parlamentarios a acompañar las audiencias y diligencias que puedan darse en los próximos días.
“Años tortuosos en prisión”
Edwin Rivera Gálvez, procesado en el caso “la Cueva”, relacionado con supuestas ejecuciones extrajudiciales, fue el primero en exponer ante la “comisión de la verdad”.
Inició agradeciendo a los diputados por el espacio brindado para escuchar su testimonio, pues aseguró que es importante que después de ser “víctimas” de la CICIG salga a la luz lo que vivieron y no se repita.
Rivera estaba señalado del delito de ejecución extrajudicial y fue absuelto en 2013 por fallo del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, después de, según sus palabras, “tres años tortuosos de estar llevando este caso”.
“Ya nosotros lo sufrimos como ciudadanos. Tres años prisión preventiva y al final nunca comprobaron nada. Tuvimos varias consecuencias por la torpeza y fines espurios, políticos e ideológicos de izquierda de la comisión”, manifestó.
A su criterio, la CICIG “fue un brazo represor de la izquierda”, pues en todos los casos el factor común es que hay políticos que tienen visión más conservadora.
