La Presidencia de la República tiene las horas contadas para entregar un informe circunstanciado a la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la firma del acuerdo que hizo con el Gobierno de los Estados Unidos.
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El plazo vence hoy (lunes) a las 16:30 horas, según la notificación que recibió el abogado Marco Vinicio Mejía.
Mejía presentó en la CC un amparo en única instancia contra el presidente, Jimmy Morales, después de que su gobierno firmó un acuerdo con Estados Unidos para que Guatemala sea un tercer país seguro, es decir que reciba a los emigrantes de cualquier nacionalidad que hayan solicitado asilo u protección a EE. UU.
El acuerdo lo suscribió el viernes el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart; no obstante, él niega que lo firmado se llame “tercer país seguro” como lo han afirmado las autoridades estadounidenses.
Degenhart sostiene que el acuerdo es un “plan de implementación” o “solidaridad internacional para los migrantes” y que aplica solo a “salvadoreños y hondureños” porque tienen “libre movilidad en el país”.
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Presentan otro amparo
La organización Acción Ciudadana (AC), capítulo de Transparencia Internacional, interpuso un amparo ante la CC en contra del acuerdo que firmó Guatemala con Estados Unidos.
“Interpretamos que el acuerdo es de tercer país seguro porque cumple con todos los elementos y características a pesar de que no lo mencionan. Creemos que es inadecuado e ilegal porque el ministro Degenhart no tiene las facultades constitucionales ni obligaciones para involucrar a otras entidades gubernamentales”, dijo Edie Cux, presidente de AC.
“En el acuerdo se menciona a la niñez migrante. Yo me pregunto, ¿el Gobierno de EE. UU. confía en un gobierno como el de Jimmy Morales que permitió que 56 niñas murieran en un incendio en uno de los hogares seguros?”, agregó Cux.
¿Qué dice lo firmado?
El acuerdo establece que Guatemala recibirá a las personas de “cualquier nacionalidad que hayan solicitado asilo o protección a Estados Unidos”.
El documento indica que el país norteamericano colaborará con Guatemala para seleccionar a las personas idóneas que deben ser trasladadas al territorio nacional.
Para garantizar la protección de los solicitantes, Guatemala no retornará ni expulsará a ninguno, a menos que el interesado abandone la solicitud o esta sea denegada.
El proceso de traslado de las personas estará a cargo de EE. UU.
En el Congreso
Los diputados Orlando Blanco, de la UNE, y Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), consideran que el acuerdo debe ratificarse en el Congreso.
Ambos aseguraron que el ministro de Gobernación no puede suplir al presidente Morales ni a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y recordaron que no existe un antecedente por esa representación.
Por su parte, Raúl Romero, de Fuerza, resaltó la necesidad de que el Organismo Ejecutivo haga público el contenido del acuerdo para que se tenga certeza y claridad de lo asumido.
Previo a la firma, la CC le recordó al presidente Morales que antes de la “ratificación de tratados, convenios o cualquier arreglo internacional que afecte el dominio de la nación”, debe llevarse al Congreso para su aprobación.
Acuerdo "indignante"
La organización Amnistía Internacional lanzó una dura crítica tras la firma del acuerdo de tercer país seguro.
“Cualquier intento de forzar a las familias e individuos que huyen de sus países de origen a buscar seguridad en Guatemala es indignante”, señaló Charanya Krishnaswami, director de incidencia en las Américas para Amnistía Internacional en Estados Unidos.
“No hay duda de que Guatemala no debe ser considerada un lugar seguro de refugio. Las comunidades marginadas que se encuentran particularmente en situación de riesgo, entre ellas: mujeres, los niños y las personas LGBTIQ+ podrían verse particularmente amenazadas”, agregó.
