Abogado asegura que el MP no es aliado contra la corrupción por recurso contra CICIG

"Es preocupante porque quiere decir que el MP tiene una doble cara", expresó el abogado luego de la vista pública por los amparos provisionales a favor de CICIG.

Por Joel Maldonado

Este jueves se llevó a cabo una vista pública en la Corte de Constitucionalidad en seguimiento a los amparos que ha resuelto la corte a favor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Luego de que el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, representantes de la organización Acción Ciudadana y el abogado Marco Vinicio Mejía, así como mandatarios de la CICIG y una fiscal del MP, expusieran sus posturas, Mejía señaló a la fiscal general, María Consuelo Porras, de no ser una aliada en la lucha contra la corrupción.

Según indicó Mejía, el MP solicitó por escrito, al momento de solicitar la vista pública, que se deje en suspenso el amparo provisional a favor de la comisión. Sin embargo, durante los alegatos no hizo mención de dicho recurso.

"Al quedar sin materia el amparo, significa que no hay nada más que resolver", aseguró el togado.

De acuerdo con Mejía, es importante que la ciudadanía conozca que el Ministerio Público no es un aliado en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico.

Asimismo, señaló que la fiscal general debe comprender que existe un clamor popular porque continúe la lucha por la corrupción.

"Es preocupante porque quiere decir que el MP tiene una doble cara", expresó Mejía.

Intervención del MP

La agente fiscal del Ministerio Público, Verónica Mazariegos, se limitó a dar lectura a la resolución de la CC del 9 de enero, donde se otorgó el amparo provisional que dejó en suspenso la decisión del Gobierno de poner fin al mandato de la comisión.

“En ese contexto señores magistrados, el Ministerio Público considera que al resolver como lo hizo este honorable tribunal, el presente caso ha quedado sin materia sobre lo cual resolver”, expresó.

Además, el ente investigador solicitó que al emitir la sentencia respectiva, los magistrados se pronuncien sobre los efectos positivos del amparo provisional otorgado.

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