MP pide retiro de inmunidad del alcalde de San Miguel Dueñas

Como resultado de un operativo realizado por el MP y la PNC fueron capturadas 13 personas vinculadas a un caso de posible corrupción en la municipalidad de San Miguel Dueñas.

Por Nancy Alvarez

El Ministerio Público (MP) solicitó que se le retire la inmunidad al alcalde de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, Alejandro Fernández Cabrera, por su presunta implicación en un caso de corrupción.

El ente investigador presentó este martes los resultados de una investigación en la cual se reflejan irregularidades en el manejo de fondos de la comuna de la referida localidad.

Desde tempranas horas se inició un operativo en el cual la Policía Nacional Civil y el MP inspeccionaron inmuebles en diferentes puntos del país en busca de evidencias y para ejecutar órdenes de captura contra personas que también estarían vinculadas a este caso.

Las 22 diligencias de allanamiento se desarrollaron en los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala y Escuintla.

MP pide retiro de inmunidad del alcalde de San Miguel Dueñas Ministerio Público

Como resultado fueron capturadas 13 personas señaladas del delito de casos especiales de estafa y se presentó la solicitud de antejuicio contra el jefe edil.

Entre los señalados hay exfuncionarios y actuales trabajadores de la comuna, así como varios empresarios.

Sustracción de fondos

Según investigaciones de la Fiscalía contra la Corrupción, autoridades de la municipalidad de San Miguel Dueñas habrían pagado a diferentes proveedores por servicios que en realidad no fueron prestados.

Esa habría sido la modalidad utilizada para la sustracción de fondos públicos durante el año fiscal 2016.

Investigan posibles hechos de corrupción en municipalidad de San Miguel Dueñas

Están en desarrollo 22 diligencias de allanamiento en cuatro departamentos.

El monto total del que se habría apropiado esta supuesta estructura criminal asciende a Q1 millón 200 mil.

“Por medio de las investigaciones se estableció que los pagos por servicios fueron por cantidades inferiores a Q10 mil para evitar utilizar los procedimientos establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones”, explicó el fiscal Stuardo Campo.

Añadió que por medio de auditorías y verificaciones físicas se constató que algunas direcciones de las empresas proveedoras no existían, o bien se trataba de inmuebles donde no funcionaban las entidades a las que se les pagó por los servicios.

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