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MP pide juicio contra cuatro por el caso "Construcción y corrupción"

Los delitos que se señalan contra los acusados son asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho activo.

El Ministerio Público (MP) pidió al Juzgado de Mayor Riesgo D que envíe a juicio a cuatro sospechosos en la fase dos del caso "Construcción y corrupción.

Se trata de:

  1. José Guillermo Yupe Ramírez, sospechoso por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  2. René Felipe Cardona Pérez, investigado por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  3. Juan Ignacio Florido, procesado por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  4. Griselda Beatriz Alvarez Medina, vinculado al proceso por cohecho activo.

De acuerdo con la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), los señalados habrían integrado una red que se dedicaba a exigir sobornos a contratistas del Estado a cambio de beneficiarles con proyectos de construcción.

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La estructura estaría vinculada al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, quien permanece prófugo.

"El 14 de julio de 2017 el MP y la CICIG presentaron el caso 'Construcción y corrupción', el cual estableció la existencia de una estructura de corrupción de alto nivel", se señaló en un comunicado.

El fiscal Carlos Vides indicó a la jueza Erika Aifán que las investigaciones del órgano encargado de la persecución penal permitieron documentar la comisión de acciones delictivas, así como los indicios correspondientes para probar ante un Tribunal de Sentencia Penal los señalamientos en contra de los procesados.

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MP: Modalidad de pagos

Las pesquisas de la Fiscalía señalan que en la segunda fase del caso "Construcción y corrupción" se determina cómo se hacía la entrega de los sobornos.

En comunicado se estableció que la forma de pagos era así:

  1. Pagos que se realizan en el extranjero, vía entidades de off shore, con simulación de contratos de asesorías o préstamos.
  2. Pagos por contratación de asesorías.
  3. Pagos de sobornos destinados a financiamiento electoral ilícito.
  4. Adquisición de bienes.

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