El tema de la utilización que le ha dado el Gobierno de Guatemala a los vehículos Jeep J8 donados por Estados Unidos fue abordado en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Estas unidades han sido vistas circulando en la Ciudad de Guatemala, lo cual ha sido criticado porque fueron asignadas a Fuerzas de Tarea que se encargan de la protección de las fronteras.
Incluso la embajada estadounidense se pronunció sobre el tema y pidió revisar su uso, esto después de que los Jeep fueron vistos circulando cerca de su sede y de las oficinas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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El secretario de Inteligencia del Estado, Mario Duarte, indicó que el tema sigue dando vueltas porque mediatizarlo les conviene a ciertos sectores con cierta posición, a los que más les interesa poner en mal al Gobierno de Guatemala.
Destacó que las unidades policiales han logrado resultados positivos, principalmente en el combate al narcotráfico, tanto las que cuentan con estos vehículos como las que no.
“Muchos de esos J8 los utiliza el Ejército para la lucha antinarcótica, se usan también para seguridad de fronteras y también los utiliza PNC en sus patrullajes regulares. Los J8 no fue la única vez que patrullaron por la zona 14”, expuso.
Aseguró que esos vehículos artillados, desde que fueron donados por la nación norteamericana, pasaron a ser propiedad de Guatemala, pero que si EE. UU. lo requiere el Gobierno estaría dispuesto a devolverlos.
“Nosotros le dijimos a la embajada de Estados Unidos: mire y si tanto es el problema de cómo utilizamos algo que ustedes nos donaron, se los vamos a dejar allí enfrente, no se preocupe, de alguna forma conseguimos nosotros los recursos para seguir dando los buenos logros que estamos dando, porque así es, y los números (lo demuestran), señaló.
“Se los vamos a devolver, se los hubiéramos ido a devolver si los hubieran pedido de regreso, por supuesto, pero el trabajo lo vamos a seguir haciendo”, puntualizó.
“Desastre” para el estado de derecho
Las expresiones conocidas en un foro realizado en Washington, Estados Unidos, denominado “El futuro del Estado de derecho, CICIG y la reforma de la justicia en Guatemala”, también fueron analizadas este jueves durante el programa A Primera Hora.
Esta actividad fue organizada por el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus sigla en inglés), y contó con la participación de exmagistrada Claudia Escobar, el empresario Peter Lamport y el exsecretario adjunto para el Departamento de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield.
A criterio de Brownfield, “lo que está pasando en Guatemala es un desastre devastador para el Estado de derecho”.
Carmen Rosa de León Escribano, excoordinadora del Consejo Asesor de Seguridad e integrante del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), indicó que Brownfield conoce la realidad de Guatemala.
La experta indicó que el último año ha habido una intencionalidad sistemática del Ejecutivo de ir destruyendo la institucionalidad en Guatemala, sobre todo en el ámbito de seguridad y justicia.
En su opinión, esto ha dejado como resultado el deterioro acelerado de la Policía Nacional Civil (PNC), con los despidos y ascensos ilícitos que se están dando, y la desarticulación de todas las unidades de investigación criminal, que generará menos eficiencia del Ministerio Público en sus investigaciones.
Consideró que en ese ataque sistemático al estado de derecho también están enmarcados los ataques a la Corte de Constitucionalidad, que ponen en entredicho el estado de derecho por el rechazo de los funcionarios a admitir sus resoluciones, y las acciones de la Procuraduría General de la Nación con demandas “espurias” contra magistrados.
Mientras tanto Mario Duarte, secretario de Inteligencia del Estado de Guatemala, consideró que hay una constante desinformación en las palabras de Brownfield.
Aseguró que Guatemala hoy por hoy tiene muchos mejores logros que cuando él vino al país a felicitar a autoridades de Gobernación por las cifras de incautación de drogas y el descenso de homicidios.
El funcionario detalló que no solo en la PNC se dan cambios a lo interno, sino también en el Ejército, pero allí es menos visible porque hay una estructura mucho más rígida.
Destacó que hay resultados positivos visibles, por ejemplo que del año pasado para esta fecha ha habido un descenso del 12 por ciento en el número de homicidios en el país.
Señalan acciones contra CICIG y PNC
Mark Schneider, del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, indicó que se abordó el tema de Guatemala por los recientes hechos que podrían ir contra el estado de derecho y se eligió a los participantes del foro porque son personas que conocen la situación del país.
“Muchos de nosotros habíamos mirado las acciones recientes, del año pasado especialmente, en relación a los que parece un ataque a distintos elementos del estado de derecho e Guatemala, incluyendo a la CICIG como un apoyo fuerte al Ministerio Público, y los esfuerzos para sacar a los jueces de la Corte de Constitucionalidad”, indicó.
Además se refirió a lo que ocurre en el Ministerio de Gobernación, donde se ha dado la salida de profesionales entrenados durante casi una década, incluso por expertos estadounidenses.
En su opinión, se han dado casos de mandos policiales removidos sin seguir el proceso determinado en la ley y se ha colocado en su lugar a personas sin darle cumplimiento a los procesos de evaluación correspondientes.
“Todo eso nos preocupó mucho porque todos queremos que Guatemala fortalezca su sistema de justicia, su capacidad de asegurar el estado de derecho en el país y todo eso tiene relación con los esfuerzos de controlar la corrupción e impunidad”, manifestó.
Añadió estar preocupado por la salida, según él sin razón entendible, de una agencia como CICIG que apoyaba al Ministerio Público y que ha trabajado fuertemente con tres fiscales generales para combatir la impunidad en el país.
Schneider resaltó que esas acciones conjuntas de la comisión y autoridades guatemaltecas han permitido resultados como la reducción del nivel de homicidios en el país y aumentar el porcentaje de condenas de gente que había participado en serios crímenes.
Acerca de la CICIG, el secretario de Inteligencia explicó que las acciones de los últimos meses de parte del Gobierno no fueron para atacarla, sino que el presidente lo que buscaba era el respeto al estado de derecho.
“Nunca hubo una intención de hacerle daño a la CICIG porque se entendía que era un buen proyecto, aunque muy mal manejado, sin controles, sin transparencia, al punto que el gobierno de Estados Unidos retuvo por varios meses el dinero para la comisión porque nunca abrieron una metodología de transparencia para ver cómo se está utilizando”, aseveró Duarte.
Y sobre los cambios en la PNC, consideró que el desmantelamiento al que se hace referencia es cuestión de percepción.
Según él, Estados Unidos no solo ha entrenado a una o dos personas, sino a muchas, y algunos de los que están siendo nombrados también han sido incluso entrenados por expertos de esa nación. “Si la mayoría de policía está entrenado por ellos, ¿cuál es el problema?”, dijo.
Además, negó que CICIG tenga que ver con los buenos resultados en la baja de homicidios, pues es netamente una acción de las autoridades guatemaltecas, puntualmente de la PNC.
En tanto, De León indicó que el tiempo ha demostrado que CICIG ha sido un mecanismo no solo para evidenciar los altos niveles de corrupción y las redes dentro del Estado que vinculan a actores del Estado, a empresarios y a políticos a través del Congreso, que es lo que se conoce como cooptación del Estado.
De acuerdo con la experta, el presidente Jimmy Morales si bien pidió la ampliación del mandato de la comisión, no le gustó que se vieran señalados en un caso sus familiares, así que inició un ataque sistemático que inició con la prohibición para que el comisionado Iván Velásquez estuviera en el país y siguió con el intento de retirar la CICIG.
“Lo que no les gusta es una CICIG que funcione objetivamente y no a favor de lo que mandan los aprendices de dictadores que tenemos en este momento”, expresó.
De León añadió que ha habido un debilitamiento de la institucionalidad para garantizar que exista menor capacidad de investigación y tener una policía que solo escucha órdenes.
Y aseguró que Se está intentado alterar la ley de la PNC para poder asimilar a militares que provienen del Ejército, con lo cual terminarían ya de destruir a la policía que se ha venido construyendo durante estos 20 años.