Este miércoles en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se realizó un análisis sobre las recientes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre diferentes temas.
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Como invitados en cabina participaron Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho; y Oswaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala.
Los entrevistados se refirieron al comunicado emitido ayer por la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, en el que exigió el pleno acatamiento y respeto de las decisiones judiciales para la consolidación del estado de derecho.
Barrios opinó que el pronunciamiento de Porras está 30 por ciento correcto y 70 por ciento equivocado. Lo correcto está en que le dé cumplimiento a su mandato y que invite a todos a cumplir con los fallos judiciales.
Sin embargo, está equivocado en indicar que ya se deben realizar las investigaciones por el delito de desobediencia, lo cual no le corresponde a ella, sino que es a la propia CC que le corresponde determinar si se está desobedeciendo.
“Está confundiendo los efectos del amparo provisional y del amparo definitivo. Si es obvio que alguien desobedece un auto de amparo provisional, la Corte enviará a un notificador a que vuelva a decir usted tiene que cumplir y no se puede excusar”, señaló.
Añadió que si no se cumple esa segunda advertencia, se informa al Tribunal de Amparo que esté conociendo o a la CC y este certifica lo conducente al MP, es hasta ese momento en donde se activa el ente investigador.
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“El único que puede decir me están desobedeciendo es el que dio la orden. La fiscal no puede determinar quién desobedeció y quién no”, resaltó Barrios.
En cuanto a lo señalado por Porras sobre que la comisión pesquisidora relativa a los magistrados de la CC debe suspender sus actividades, el director del Centro de Estudios consideró que el máximo tribunal no ordena eso al Congreso y que esa sala legislativa debe conocer su papel.
“La resolución no fue muy clara con relación al Congreso y la pesquisidora. Los diputados no podrían continuar porque se suspendió el acto por el que le enviaron a ellos el procedimiento de antejuicio”, añadió.
En ese sentido, Barrios consideró que al decirle la fiscal a la comisión que ya no siga con sus actividades era innecesario.
Actuar de oficio
Con relación a que los expedientes que acumuló la CC sobre la decisión unilateral de dar por terminado el acuerdo de CICIG, este se publicó en el Diario Oficial y por lo tanto se vuelve de conocimiento público y también de conocimiento de la fiscal general, explicó Samayoa.
El abogado destacó que el efecto de esa publicación es que se dé a conocer la decisión de la corte y cuando se conoce que los funcionarios podrían haber incurrido en actos contrarios a lo establecido por el máximo tribunal, sí podría darse una actuación de oficio por parte del MP.
“No específicamente en solicitar inmediatamente que se quite el antejuicio, pero sí al menos empezar un procedimiento de recabar esta información, advirtiendo que existe esta publicación”, manifestó.
A criterio de Samayoa, también es necesario que la CC de oficio active y diga que está actuando en contra del amparo provisional que otorgó.
El investigador del Centro de Estudios de Guatemala consideró que hay un juego de imprudencias de parte del Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia, incluso del Congreso.
Sobre este último organismo y el conocimiento del antejuicio contra los magistrados de la CC, manifestó que la suspensión de las diligencias no es una decisión tomada en definitiva, sino que se habla de amparos provisionales.
Lo que pudiera hacer es informar al pleno diciendo que tiene un amparo provisional y consultar qué hacer, indicó.
“Hay una serie de actores de imprudencia, yo lamento que se den estos casos porque no nos refleja una institucionalidad fuerte”, concluyó.
