La jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, exigió el pleno acatamiento y respeto de los fallos judiciales para la consolidación del estado de derecho y anunció que, de oficio y en seguimiento a la carta abierta publicada por diferentes personas y organizaciones sociales, instruyó iniciar las pesquisas con relación a este tema.
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Por medio de un comunicado, la fiscal general resaltó que el ente investigador es una institución con funciones autónomas y respetuosa del principio de legalidad, por lo cual actúa en el ejercicio de la función de velar por el estricto cumplimiento de la ley.
“(Se) instruyó a las fiscalías correspondientes iniciar las investigaciones respectivas a efecto de determinar la comisión de hechos delictivos, identificar a los responsables y tomar las acciones necesarias de conformidad con la ley, en torno al cumplimiento de las resoluciones dictadas por la Corte de Constitucionalidad”, se lee en el documento.
En este se resalta que en respeto a las decisiones judiciales y con fundamento en los establecido en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, deben suspenderse las actividades de la pesquisidora relativa a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
“De lo contrario, el Ministerio Público, de acuerdo a sus competencias, actuará de conformidad con la ley”, cita el pronunciamiento de Porras.
Carta abierta
Ayer, por medio de un campo pagado, diferentes organizaciones y personas emitieron una carta abierta dirigida a la fiscal general en la cual alertaban sobre las “graves implicaciones” que tienen las acciones impulsadas por el Presidente y el Vicepresidente de la república.
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Las agrupaciones señalaron que se está poniendo en riesgo la institucionalidad democrática del país al existir una negativa de parte de los funcionarios de acatar las resoluciones de la CC que “se han dado dentro de sus competencias y cumpliendo con las formalidades establecidas”.
En ese sentido, consideraron que hay una “flagrante desobediencia” a los fallos dictados por el órgano constitucional, lo cual “pone en grave riesgo el Estado de Derecho”.
E hicieron un llamado al MP para iniciar las acciones de investigación y persecución penal contra los funcionarios que hayan podido incurrir en el delito de desobediencia.
Entre ellos señalaron a los ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como al Procurador General de la Nación, ya que según los ciudadanos, son quienes han ejecutado las acciones impulsadas por los gobernantes.
