El Ministerio Público (MP) presentó este viernes los resultados de una investigación que refleja posibles actos de corrupción en el Ministerio de Salud, ocurridos durante la anterior administración gubernamental.
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En una conferencia de prensa, fiscales del ente investigador detallaron que se detectaron irregularidades en el proceso de negociación y aprobación del pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre esa cartera y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG).
La Fiscalía Contra la Corrupción detalló que entre los años 2013 y 2014 se cometieron actos que permitieron una estafa contra el Estado de Guatemala por Q14 millones.
La vía para sustraer los fondos fue el pago de honorarios por parte del Estado a un abogado que nunca prestó sus servicios a esta dependencia, sino que fungió como asesor del sindicato.
Parte de los recursos que habrían sido estafados estaban asignados a los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt para gastos de funcionamiento y fueron transferidos a partidas presupuestarias para costear los supuestos servicios del profesional del derecho.
Además, se autorizó que recursos de los renglones presupuestarios que incluían la adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico, alimentos para personas, productos reactivos o químicos, entre otros, también se destinaran de forma irregular a costear los honorarios.
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En este caso están señalados el exministro de Salud, Jorge Villavicencio, y otros exfuncionarios de esa dependencia; así como el dirigente sindical Luis Alpirez, e integrantes de la junta negociadora del pacto.
En seguimiento a este caso, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo este viernes y lograron la captura de 11 personas.
En total se giraron 16 órdenes de aprehensión y para efectuarlas se desarrollaron 20 diligencias de allanamiento en el departamento de Guatemala.
Estafa
Las pesquisas en este caso se iniciaron luego de que el MP recibiera una serie de denuncias, una de estas en julio de 2014, presentada por el diputado Roberto Villate contra Villavicencio por la suscripción anómala del pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Otra fue planteada en abril de 2015 por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y señalaba posibles anomalías en el cobro de viáticos regulados en el reglamento que se insertó en el pacto colectivo, ya que este corresponde únicamente al Presidente de la República.
A esta querella se adhirió en noviembre de ese año la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Asimismo, en junio de 2015, el entonces ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, presentó una denuncia contra el personal del SNTSG, con relación a los pagos que se hicieron por la cartera de Salud derivados del pacto.
Durante el proceso de negociación del pacto, el abogado César Landelino Franco López habría prestado asesoría al sindicato de salud; sin embargo, sus honorarios en lugar de ser costeados por esa organización, se hicieron por medio de asignaciones presupuestarias del Ministerio de Salud.
En total, el profesional del derecho cobró Q14 millones al Estado por los servicios que nunca prestó. Para ello extendió dos facturas, una en febrero y otra en julio de 2014, por Q 7 millones cada una a la cartera salubrista.
Ya que el pacto no contaba en ese momento con dictámenes de disponibilidad presupuestaria financiera, un año después de su aprobación, es decir en 2014, fue necesario solicitar una ampliación de fondos al Ministerio de Finanzas.
El proceso para su aprobación se inició y se finalizó en el mismo día, el 19 de diciembre de 2014.
Señalados
Las órdenes de aprehensión fueron giradas por el Juzgado Quinto Penal por diferentes delitos, entre estos, abuso de autoridad, casos especiales de estafa, peculado por sustracción y lavado de dinero.
Los señalados en este caso son:
- Jorge Villavicencio Álvarez, exministro de Salud.
- Jorge Luis Pérez Ramírez, exdirector general de Recursos Humanos del MSPAS
- Edgar Encarnación Lara Caballeros, exjefe del Departamento de Desarrollo de Servicios de Salud
- Edna Carolina Prera Guinther, exgerente General Administrativo Financiero.
- Leonel Batres Gálvez, excoordinador de Asesoría Jurídica del MSPAS
- Byron Francisco Ponce Molina, exjefe de Administración de Recursos Humanos
- Susy Verónica Ríos Morales, exasesora jurídica
- Carlos Guillermo Quijada Sandoval, exsupervisor de Hospitales.
- Roberto Quarán Jiménez, exdirector Financiero del MPSPAS.
- Dora Regina Ruano Saldaño, secretaria de organización del SNTSG
- Luis Antulio Alpirez Guzmán, dirigente del SNTSG.
- Elsa Marina Ávalos Lepe, viceministra de Trabajo y Previsión Social, señalada de permitir las ilegalidades planteadas en el pacto colectivo de condiciones de trabajo.
- César Landelino Franco López, abogado, principal beneficiario de los fondos sustraídos.
- José Gabriel Sepúlveda López
- Javier Eduardo Méndez franco
- Rolando Everto Cancinos Barrios
También se presume que Luis Alberto Lara Ballina, fallecido exsecretario general del SGTSG, habría participado en los hechos delictivos, explicó la Fiscalía.
“Este viernes se allanó la residencia de exministro de Salud, Jorge Villavicencio, pero no fue localizado, por lo que el MP planteará ante el órgano jurisdiccional correspondiente la petición para que se declare la rebeldía, pues podría estarse rehuyendo esta orden de aprehensión que se giró en su contra”, dijo el jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo.
De igual forma se procederá con Franco López y las demás personas que no fueron localizadas, indicó.
En tanto, la ex viceministra de Trabajo no se encuentra en el territorio nacional y por lo tanto no se pudo hacer efectiva la orden de aprehensión.
