Fiscal general interpondrá acción legal por retiro de agencia de MP en aeropuerto

La jefa del Ministerio Público explica que la decisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de retirarlos del aeropuerto, "evidencia un retroceso en los avances logrados en la aplicación efectiva de la ley y la justicia".

Por Yuly Pérez

Este jueves 10 de enero, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indicó que dieron por terminado un convenio de cooperación con el Ministerio Público (MP) y por esta razón ya no estará más la Agencia Fiscal que se ubicaba en el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).

La noticia se dio a conocer esta noche durante una rueda de prensa ofrecida por la DGAC. Sin embargo, el Ministerio Público aún no había sido notificado de manera oficial.

Tres horas más tarde, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, emitió un comunicado en el que detalló su postura frente a la situación.

En primera instancia indicó que "lamenta la decisión apresurada y unilateral asumida por la Dirección General de Aeronáutica Civil, en cuanto a dar por terminado el convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda".

Retroceso en la aplicación de la ley

En su pronunciamiento explica que la Agencia Fiscal Especial fue creada para la persecución penal de delitos cometidos en la terminal aérea.

"Dicha decisión supone un retroceso de los esfuerzos interinstitucionales emprendidos para la persecución penal estratégica de delitos", indica Porras.

La Agencia Fiscal Especial perseguía los delitos relacionados con tráfico de personas, trata de personas, lavado de dinero u otros activos, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, defraudación y contrabando aduanero, entre otros ilícitos propios de la delincuencia organizada y transnacional. Dicha oficina contaba con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.

"El objetivo primordial del convenio es desarrollar una línea de actuación interinstitucional, conjunta y coordinada, a fin de dar respuesta efectiva ante distintos fenómenos delincuenciales que perjudican a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional, lo que sería afectado seriamente por la decisión unilateral asumida, evidenciando un retroceso en los avances logrados en la aplicación efectiva de la ley y la justicia", se indica en el comunicado.

 

Presenta acción

Consuelo Porras Argueta decidió interponer "la acción legal correspondiente, con el fin de evitar el menoscabo y obstaculización de la justicia", para dar seguimiento a la decisión unilateral de la DGAC.

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