La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de Guatemala. Las decisiones han puesto "en entredicho la voluntad de atender sus compromisos internacionales en materia de lucha contra la impunidad y la corrupción en el país", expresaron a través de un comunicado.
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"En los últimos dos años, el Gobierno de Guatemala, desde las más altas autoridades, ha realizado diversas acciones dirigidas a menoscabar las capacidades de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su lucha contra la corrupción y la impunidad", se lee en el documento.
La CIDH llama al Estado a garantizar la integridad y seguridad de los miembros de la CICIG, particularmente en el actual "ambiente de polarización".
Además, manifestaron que han reconocido públicamente y en reiteradas ocasiones el rol trascendental y complementario de la CICIG a través de la desarticulación de redes criminales y estructuras del crimen organizado junto con el Ministerio Público, así como en el apoyo en la capacitación y promoción de reformas legales tendientes a una mayor eficacia de la justicia conforme a su mandato.
“Expresamos nuestra preocupación por estas manifestaciones del Gobierno de Guatemala que no condicen con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y particularmente en la lucha contra la corrupción e impunidad”, señaló la Relatora para Guatemala, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Acciones contra magistrados
La Comisión hizo ver que el 26 de diciembre de 2018, la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó un recurso contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad para "remover su inmunidad y proceder a denunciarlos penalmente por considerar ciertas resoluciones, sin especificar cuales, como 'arbitrarias e ilegales' y que 'transgreden el ordenamiento jurídico guatemalteco, afectando la institucionalidad del país y poniendo en riesgo el Estado de Derecho"".
Por esta razón, indicaron que observan con preocupación que el 9 de enero de 2019, la Corte Suprema de Justicia aprobó tramitar el antejuicio, que pasará al Congreso.
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"La CIDH hace un llamado sobre la independencia de los poderes públicos y la importancia del cumplimiento a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad para la plena vigencia del Estado de Derecho", expresaron.
Finalmente la CIDH alentó a todos los sectores democráticos del país en sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad y corrupción y la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Y recordó que como comisión internacional continuarán monitoreando la lucha contra la corrupción en el país y sus efectos para los derechos humanos.
