Integrantes de organizaciones de sociedad civil hicieron un llamado a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que certifique lo conducente contra el presidente Jimmy Morales, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart y la canciller Sandra Jovel, por las acciones tomadas con relación a la CICIG.
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En una conferencia de prensa ofrecida este miércoles frente a la sede de la CC, señalaron que los funcionarios del Ejecutivo han incurrido en ilegalidades y pidieron que se abran procesos legales en su contra.
Esto se da luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó la no renovación de visas de cortesía para 11 funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Además, Migración fijó un plazo de 72 horas, que empezó a correr ayer al mediodía, para que los investigadores internacionales abandonen el país.
Las agrupaciones expresaron también su rechazo por la remoción de personal de la Policía Nacional Civil (PNC), pues aseguraron que se trató de una acción sin justificación.
Ayer se confirmó la remoción de 15 altos mandos de la entidad de seguridad. El Ministerio de Gobernación argumentó que los cambios son “normales” y obedecen a decisiones institucionales hechas “pensando en las garantías de la seguridad ciudadana”.
Golpe del “pacto de corruptos”
“En menos de 48 horas el pacto de corruptos ha dado un golpe certero para desmantelar las pocas estructuras democráticas que habían quedado dentro de la PNC, al destituir sin justificación a importantes mandos”, aseguraron los miembros de organizaciones sociales y colectivos urbanos .
Consideraron que esto, y las anteriores destituciones, significan la desarticulación del personal que había sido formado por medio de la carrera policial.
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Además, opinaron que se pretende usar a las fuerzas de seguridad para “prácticas del pasado”, ejercer el control político de las investigaciones y militarizar las estructuras de seguridad para “cerrar el pacto de impunidad”.
En cuanto al tema de la CICIG, los colectivos manifestaron que las acciones tomadas por el Gobierno pretenden consolidar el “golpe de Estado técnico que ya han dado” al denegar las visas al personal.
Señalaron que esas decisiones reflejan que se está buscando desmantelar la capacidad investigativa de la comisión y cubrir con el “manto de impunidad” a los corruptos e integrantes del crimen organizado.
Por ello, pidieron al Ministerio Público que actúe de oficio en seguimiento a lo que ocurre, y a la CC que certifique lo conducente para frenar estos hechos.
“Hacemos un llamado para derivar acciones legales contra Jovel, Degenhart y Morales, por violar la Constitución y los acuerdos con Naciones Unidas en relación a la CICIG”, expusieron.
Y finalizaron instando a la población guatemalteca a estar alerta y sumarse al “rescate” del estado de derecho.
* Con información de Emisoras Unidas.
