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Velásquez considera “arbitraria” la decisión del Minex de no renovar visas a funcionarios de CICIG

La CICIG ha dado a conocer que los funcionarios internacionales involucrados son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala. 

El comisionado Iván Velásquez calificó como arbitraria la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de revocar y no renovar las visas de cortesía a funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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El jurista detalló que la disposición de esa cartera carece de fundamento legal.

Añadió que es “falsa” la razón expresada por el Ejecutivo para tomar esa decisión, pues se argumenta que los funcionarios de la comisión, con investigaciones pendientes en sus países de origen, son “terroristas”.

“Es absolutamente falsa como se demostró oportunamente con los certificados de carencia de antecedentes penales que fueron aportados a la Cancillería. Si el Gobierno de Guatemala posee una información veraz diferente, sería conveniente que la diera a conocer públicamente”, manifestó.

Su pronunciamiento se da luego de que este martes fuera publicada en el diario oficial la notificación de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Minex, que deja sin efecto las acreditaciones de 11 funcionarios de la CICIG.

La publicación señala que “desde la fecha de la revocatoria y denegatoria de sus visas, dejaron de gozar de los privilegios e inmunidades que en tales calidades les correspondieron”.

Ante ello, Velásquez aseguró que es injustificada esa disposición del Minex sobre las prerrogativas y recordó que es en el acuerdo de creación de la comisión del que se derivan las mismas.

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Llamado

El jefe de la CICIG resaltó que las vías de hecho adoptadas por la Cancillería de Guatemala desconocen la Constitución Política de la República y constituyen un “atentado” al estado de derecho.

“Podrían significar el preludio de acciones de fuerza contra los funcionarios de la CICIG”, expresó.

De igual forma hizo un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía guatemalteca para que exijan el respeto a la Constitución y se preserve el estado de derecho.

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