Diputado Alejos insiste en separar a juez pesquisidor de antejuicio en su contra

Congresista rechaza que el magistrado Jorge Valladares conozca el proceso para retirarle la inmunidad por el caso "Traficantes de influencias".

Por Jerson Ramos

Nuevamente el diputado Felipe Alejos accionó en contra del juez pesquisidor que tramita el proceso de antejuicio en su contra, por el caso "Traficantes de influencias".

En total han sido 14 recusaciones que el congresista ha planteado en contra del magistrado Jorge Valladares, nombrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como juez pesquisidor del caso.

Valladares labora en la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal y en varias ocasiones ha citado a Alejos para que presente sus pruebas de descargo.

Sin embargo, el diputado ha evitado asistir a las diligencias por medio de los recursos legales que presentó con los cuales afirma que el funcionario judicial no tendría una actitud de imparcialidad.

Alejos también evitó en varias ocasiones que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ratificaran la denuncia en su contra.

El método que utilizó el congresista fue el mismo, al pedir la separación de Valladares del caso.

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CSJ impone multa a Alejos

A finales de septiembre se conoció que la CSJ rechazó la recusación número 13 que Alejos planteó en contra de Valladares.

La resolución en la cual se notificaba dicho extremo explicaba que al congresista y a su abogado, Edi Leonel Pérez, se les imponían multas de Q500 a cada uno.

El argumento para imponer la referida sanción se justificó con el uso desmedido de los recursos legales en dicho caso, los cuales contenían hechos inexistentes y frívolos.

El caso "Traficantes de influencias"

El MP y la CICIG detectaron la existencia de una estructura que operaba a lo interno de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que gestionaba la devolución del crédito fiscal por medio de procedimientos exprés.

Las empresas que requerían dichos trámites tenían que cancelar una comisión ilegal consistente en un porcentaje de lo que se esperaba recuperar.

Según las pesquisas, Alejos sería uno de los operadores de la red, y tendía a su cargo una cartera de "clientes" a quienes gestionaba la devolución del crédito fiscal.

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