Minera San Rafael denuncia el secuestro y agresiones contra contratistas

La empresa califica a los responsables de los hechos como "delincuentes" que se identifican como "Grupo de Resistencia Pacífica de Mataquescuintla".

Por Jerson Ramos

La Minera San Rafael denunció por medio de un comunicado que un grupo de contratistas de seguridad privada fueron secuestrados por pobladores de Mataquescuintla, en Jalapa, el pasado vienes 24 de agosto.

En la nota se señala que las víctimas fueron atacadas, agredidas y posteriormente secuestradas.

"Un grupo de individuos que desde esta semana instaló un bloqueo ilegal en la entrada al municipio de Mataquescuintla en el departamento de Jalapa, atacó, hirió y secuestró a varios contratistas de seguridad privada desarmada de Minera San Rafael que regresaban de descanso ayer por la noche".

Según informó la empresa, los contratistas se conducían en un bus el cual fue detenido el paso, después le fueron destrozadas las llantas y los vidrios de las ventanas con la intención de que los ocupantes salieran.

"Los contratistas se conducían en un bus particular desde Alta Verapaz por una vía pública cuando fueron bloqueados por los delincuentes quienes al identificarlos, les impidieron el paso libre para llegar a su destino y los obligaron a retornar a Jalapa, pero kilómetros después fueron detenidos nuevamente".

 

 

Para la liberación de las víctimas se recurrió a acciones de la fuerza pública. La nota indica que los responsables de la retención notaron que por el sector había agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en contra de quienes se hicieron varios disparos.

La PNC volvió horas más tarde con refuerzos y fue así como se logró la liberación de los contratistas de la Minera San Rafael.

 

Actividades de la minera permanecen suspendidas

Durante varios meses han permanecido suspendidas las actividades de la Minera San Rafael, lo cual se derivó de acciones legales emprendidas para que se rectifique el procedimiento con el que se autorizaron sus operaciones.

El caso se encuentra en la Corte de Constitucionalidad (CC) y se cuentan más de 300 días sin que dicha instancia resuelva.

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