Autoridades de la mina volverán a presentar un memorial en la Corte de Constitucionalidad (CC) para conocer el avance de la resolución para que pueda funcionar y evitar más pérdidas y despidos que impactan en el crecimiento económico.
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Gabriela Roca, directora de Asuntos Corporativos, aclaró que por el momento no ven la necesidad de poner una demanda internacional contra el Estado porque tendría que ser pagada por los guatemaltecos con sus impuestos, cuando no son ellos ni el Gobierno los que han detenido las operaciones.
“Creemos que existen intereses que no podemos determinar por el momento, pero las estamos analizando para luego tomar acciones que pueden proceder, creemos que existe presión, no sabemos de quién directamente para que este caso no se resuelva. Creemos que los magistrados no tienen los insumos para suspender definitivamente la mina y lo que es más lesivo es suspenderla”, agregó Roca.
La ejecutiva indicó que se han agotado todos los recursos legales y hasta plantearon un amparo contra el mismo máximo tribunal de acuerdo a la Ley de Amparo para que resolvieran después de un año, pero lo rechazaron.
La mina cuenta con una licencia para operar por 18 años más, pero Roca comentó que debido a que no ha operado el estado de los túneles es preocupante porque no se hizo una preparación para no funcionar y eso requerirá de más inversión.
Por último, los directivos consideran que la resolución no puede ser negativa, ya que ellos cumplieron para obtener la licencia por el Ministerio de Energía y Minas, y si la resolución es que se deba realizar la consulta popular debe ser apegada al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
