La firma de una carta de entendimiento entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que se realizó ayer, con el objetivo de que la comisión apoye a esta entidad en el fortalecimiento institucional, transferencia de capacidades y asistencia técnica en el marco del proceso de elecciones 2019, fue el tema abordado este viernes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Asimismo, se analizó el incidente ocurrido durante la suscripción de este convenio, pues mientras el comisionado Iván Velásquez y el presidente del TSE, Mario Aguilar, participaban en el acto público en la sede del Tribunal, en las afueras un grupo de personas manifestaba señalando que habría irregularidades en esta cooperación.
Como invitados en cabina participaron José Carlos Sanabria, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES); Alejandro Quinteros, analista político; Aquiles Faillace, constituyente y presidente de la Asociación de Dignatarios de la Nación; y Oswaldo Samayoa, investigador del Centro de Estudios de Guatemala.
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Según indicó ayer Velásquez, la CICIG proporcionará apoyo a la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos y la Unidad Especializada de Control de los Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.
En ese sentido, Sanabria recordó que esas dos unidades fueron creadas en las reformas de 2016 a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las cuales consideró como un avance importante en materia de la capacidad que tendrá el TSE de controlar y fiscalizar a los partidos políticos.
El entrevistado explicó que la CICIG, junto con otras instituciones, ha acompañado técnicamente al órgano electoral en la implementación de las referidas modificaciones a la ley desde tiempo atrás, para que este tenga más capacidad de fiscalizar a las organizaciones políticas en las elecciones.
Y, a su criterio, la CICIG no está saliendo de su mandato al suscribir la carta de entendimiento, pues esta fue “simplemente el acto protocolario” de las acciones que ha tenido la comisión durante los últimos dos años con el Tribunal. Además, el apoyo fue solicitado por el Tribunal a la comisión, no viceversa.
Asimismo, Sanabria consideró que reforzar el tema de fiscalización a las organizaciones políticas es importante para el país, porque hay una relación estrecha y directa entre el financiamiento electoral ilícito y la corrupción.
Por su parte, Quinteros se refirió al incidente generado por la presencia de manifestantes y opinó que la CICIG “ha venido polarizando a la ciudadanía y hay grupos que están totalmente a favor y totalmente en contra, y en medio existe otro grupo de ciudadanos que ya no saben para qué sirve la entidad”. Por ello, señaló que en donde esté CICIG se van a poder repetir este tipo de situaciones.
“Se generó tensión que quizá estuvo de más, algunas personas que se presentaron no debieron comportarse de esa manera, aunque el clamor popular es legítimo”, refirió.
De igual forma, manifestó que es importante que la CICIG trabaje con las instituciones que corresponda y “no se siga metiendo en todo”, pues aseguró que vino a Guatemala para investigar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, ante lo cual le llama la atención que la comisión estaría incluyéndose, por medio de este convenio, en el tema del control de medios.
Según el analista, el mandato quizá alcanzaría para apoyar en la unidad de Fiscalización de Finanzas, pero no para tener ninguna incidencia en la otra dependencia de reciente creación.
En tanto, Samayoa consideró que el incidente de ayer que interrumpió la conferencia es irrelevante y es parte de la reacción que se da de parte de personas que no están de acuerdo con lo que se ha estado haciendo, y resaltó que quien señale algún tipo de irregularidades con el convenio puede accionar legalmente contra este. Agregó que “la CICIG no polariza, pero la corrupción sí”.
De igual forma, el investigador dijo que lo que señala el convenio sí está dentro del mandato de CICIG, pues el mismo contempla asesorar a los organismos del Estado en la implementación de los procedimientos administrativos.
En su opinión, este tipo de colaboración está enmarcado en el artículo 3 del Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y Guatemala, donde se establece que además de la persecución penal, la CICIG puede impulsar procesos para fortalecer las entidades del Estado y que puede suscribir convenios con estas para lanzar políticas públicas y administrativas institucionales, que permitan el establecimiento de criterios internos que no generen más impunidad.
Mientras que Faillace consideró que la CICIG ni divide ni une, y lo que en realidad está sucediendo es que los intereses que están siendo tocados están generando dos bandos en el país.
“El (grupo) que está saliendo hasta ahora ganador está ciegamente apoyando a la CICIG, y el que se ve afectado en sus intereses está atacando ciegamente a la comisión. El bando debería ser un solo pueblo buscando un solo bien común”, refirió.
Por aparte, señaló que la CICIG tiene un mandato general para investigar y desmantelar todo aparato clandestino que encuentre.
En cuanto al actuar del TSE al suscribir el convenio, ve que va enfocado en quedar bien con parte de la ciudadanía y cubrirse las espaldas de que sus acciones van a estar respaldadas por un ente como la comisión.