A los 13 ministros de Estado no les importó que cientos de guatemaltecos no fueran atendidos en los hospitales Roosevelt y de Jutiapa por el cierre de las consultas externas.
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Tampoco les interesó coordinar las acciones para atender a más de un millón de personas que han sido afectadas por la canícula prolongada; ni saber cuál ha sido el avance en las investigaciones por los crímenes contra ocho defensores de los derechos humanos.
El interés del gobierno quedó en evidencia cuando los ministros y algunos secretarios de Estado suspendieron la reunión semanal de gabinete para apoyar a la canciller, Sandra Jovel, a una vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC) donde calificó de “injerencia e intromisión” el actuar del embajador de Suecia, Anders Kompass.
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La polémica
En enero de 2018 Kompass, en representación del gobierno de Suecia, le entregó un aporte de US$9 millones a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En esa oportunidad el diplomático llamó “corrupta a la sociedad guatemalteca” y ese tipo de comentarios no son propios de un embajador, aseguró Jovel.
Por esa razón, el gobierno pidió la remoción de Kompass, pero la Fundación Myrna Mack y el abogado Alfonso Carrillo accionaron en la CC y lograron frenar su salida.
En seguimiento al tema, se realizó la vista pública en donde la defensa de Jovel y del vicecanciller Pablo García, así como el procurador general, Jorge Luis Donado, expusieron que el presidente, Jimmy Morales, es quien dirige la política exterior y tiene competencia para pedir el cambio del embajador.
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¿Justicia divina?
“Invocando el nombre de Dios”, el defensor de Jovel, Luis Antonio Lam, le pidió a los magistrados de la CC que apliquen la ley y que hagan “justicia en el caso de Kompass. De lo contrario, esta llegará en esta vida, o en la otra”.
Durante su exposición, Lam aseguró que si Suecia no quería cambiar a su diplomático debió hacer su reclamo a nivel internacional, pero no lo hizo y en su lugar accionó Carrillo y la Fundación Myrna Mack, los cuales, a su criterio, no tienen “representación legal” en ese país.
Por su parte, Carrillo expuso que el presidente Morales y la ministra Jovel tienen límites en sus funciones los cuales están establecidos en la Constitución.
Recordó que la función del Estado es el bien común y el bienestar de los guatemaltecos y sería peligroso que los funcionarios no tuvieran límites en Guatemala, “un país con niveles de corrupción que hacen llorar”.
La frase
“Vine con la ministra porque cuando me toque algo así espero que ellos (el gabinete) me venga a acompañar”, Carlos Soto, ministro de Salud, al salir de la vista pública.
