El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, dejó sin efecto la orden que giró a la jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, para que se nombrara a un fiscal específico que conociera el caso "La Línea".
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La instrucción se derivó de la constante suspensión de audiencias del referido proceso, y se buscaba evitar el aplazamiento de las diligencias.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) envió una nota a Gálvez en la cual se manifestaba que el apercibimiento que él había dado a Porras Argueta vulneraba la independencia del órgano encargado de la persecución penal y su ley orgánica.
En la nota se solicitaba al juez que reconsiderara su decisión, para no perjudicar la labor del MP.
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¿Qué tiene pendiente el juez en el caso "La Línea"?
El caso "La Línea" ya fue enviado a juicio, lo cual significa que un grupo de 30 personas deberá enfrentar una acusación ante un tribunal de sentencia penal.
La Fiscalía deberá probar los señalamientos que hace en contra de los acusados, quienes son sospechosos de haber integrado una estructura criminal que supuestamente se dedicaba a la defraudación aduanera.
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Sin embargo, el proceso se mantiene suspendido por una acción legal entablada por la exvicepresidenta Roxana Baldetti en contra del juez, a quien señala como su enemigo, por haber emitido resoluciones que le perjudicaban como procesada, según la exfuncionaria.
Queda pendiente que se conozcan las pruebas que serán presentadas ante el tribunal encargado de desarrollar el debate oral y público, pero será hasta que se resuelva la recusación en contra de Gálvez que avanzará el proceso.
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