Ortega se impone con feroz represión y enfrentado a comunidad internacional

Daniel Ortega, un exguerrillero de 72 años, puso en marcha la llamada "operación limpieza" en Nicaragua, para desalojar a los manifestantes de las barricadas y las ciudades bajo su control.

"Se impuso con las balas, no con el consenso", dijo el político y exdiplomático Mauricio Díaz. "Un país no se construye así".

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la represión contra las protestas han dejado más de 300 muertos, cientos de desaparecidos y más de 400 detenidos ilegales desde el 18 de abril. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) precisó este jueves que son 317 el total de fallecidos.

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En los operativos de represión participaron paramilitares fuertemente armados, que Ortega admitió en una entrevista que son "policías voluntarios".

"Hay pruebas explícitas de que esos grupos fueron actores de la producción de la violencia" en Nicaragua, dijo la semana pasada el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.

En medio de su ofensiva, el mandatario acusó de "golpistas" a los obispos que median desde mayo un diálogo entre el gobierno y la oposición, por proponer que se adelantaran a 2019 las elecciones de 2021 como vía de salida a la crisis.

Cacería y criminalización

Ahora la oposición encara el reto de mantener vivas las protestas y reanudar el diálogo a pesar de la persecución que enfrenta.

"Han logrado que la gente se disperse", pero "las protestas fuertes van a resurgir" en respuesta a la represión, dijo el académico y exdiputado opositor Eliseo Núñez. Este vaticinó que Ortega tomará represalias económicas contra sus detractores y castigará a todos los opositores con el apoyo del poder judicial, vaticinó Núñez.

Se vislumbra un futuro de "ingobernabilidad, exilio, cárcel y muerte", advirtió. En esta fase, "la represión empieza a traducirse en un proceso intenso de criminalización de los manifestantes", apuntó Abrao.

Un centenar de opositores han sido acusados por terrorismo y otros delitos, con base en una ley aprobada en julio que castiga hasta con 20 años de prisión "la alteración del orden constitucional", dijo el Cenidh.

Ortega alega que sus opositores son financiados por "organismos de Estados Unidos que desvían fondos para promover el terrorismo".

Diálogo, única salida

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que integra la sociedad civil, propone retomar las negociaciones, estancadas desde junio, para discutir el adelanto de las elecciones, las detenciones arbitrarias y el desarme de paramilitares.

"Estamos apostando por salir de esta crisis de una manera pacífica", dijo el líder estudiantil en el diálogo, Jean Carlos López.

El presidente también ha dicho que la crisis se solucionará con diálogo, pero con nuevas reglas y el acompañamiento de la ONU para reforzar el trabajo mediador de los obispos.

Ortega también dice estar dispuesto a trabajar con la OEA en reformas electorales de cara a los comicios de 2021.

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