La congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres dio a conocer que una enmienda propuesta por ella, que requiere elaborar un listado de funcionarios centroamericanos señalados de corrupción, fue incluida en la versión final de la ley de Defensa Nacional de Estados Unidos.
Este tema fue analizado hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde participaron como invitados: Juan Carlos Zapata, director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa); Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (AC); Francisco Contreras, analista de Primero Guatemala y exdiputado; y Fernando Carrera, excanciller y exembajador de la ONU.
La propuesta está enfocada a identificar a los funcionarios de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) sospechosos de cometer actos de corrupción, narcotráfico y financiamiento electoral ilícito.
Carrera explicó que la ley restringe el listado a casos surgidos en los últimos dos años, por lo cual no alcanzaría los relacionados con las elecciones de 2015, y detalló quiénes podrían ser incluidos en este listado.
Se mencionan tres categorías que deben ser reportadas, explicó, estas incluyen a:
- Funcionaros públicos en general.
- Funcionarios y autoridades electas.
- Personas que habrían participado en financiamiento electoral ilícito.
“Trata de enfocarse en el corto plazo, qué está pasando en la coyuntura, esa es una de las señales más contundentes de la normativa”, señaló el exdiplomático.
Para Marroquín, este es un mensaje claro de la convicción de que Estados Unidos sigue sin confiar en los gobiernos de los países del Triángulo Norte, porque son los promotores de las causas que provocan la migración.
“Lo que veo es un endurecimiento cada vez más progresivo hacia los gobiernos, porque han visto que estos son parte del problema. Esta es una medida que se seguirá viendo en el futuro mientras los países no muestren resultados para resolver los problemas que afectan a Estados Unidos: seguridad interna y migración”, expresó.
Por su parte, Contreras dijo que es una política de defensa y un mensaje muy importante de que EE.UU. va a hacer todo lo que esté en sus manos para sus intereses, enfocados en que exista paz, seguridad y gobernanza, para evitar la migración, y la forma de hacerlo es atacando la corrupción.
A su criterio, podría haber temor en ciertos casos en los diputados, aunque algunos luchan por lo mejor para su país, pero hay quienes han formado parte de iniciativas pro impunidad.
¿Cómo incidiría en el proceso electoral 2019?
Aunque en el listado no podrían ser incluidos quienes hayan incurrido en irregularidades en el financiamiento de campañas electorales del año 2015, en el caso de Guatemala, a criterio de los entrevistados esta medida sí podría tener incidencia en los próximos comicios, e incluso servir como veto a ciertos aspirantes a cargos públicos.
Contreras explicó que la iniciativa técnicamente debiera ser aprobada en octubre y la lista se compartiría 180 días después de ello, cerca de abril de 2019, por lo cual sí pudiese tener alguna incidencia.
Mientras que el presidente de AC, manifestó que las presiones van a ser cada vez más fuertes de parte de Estados Unidos, y las embajadas podrían ser las designadas para contribuir con información para elaborar los listados. Él espera que este tipo de acciones tengan como resultado procesos electorales más transparentes.
En tanto, Zapata calificó como positiva esta medida y considera que podría ser un disuasivo en el próximo proceso electoral, ya que se ha visto que hay campañas, especialmente para ocupar el poder local, en donde existe el financiamiento electoral ilícito proveniente del narcotráfico.
El director de Fundesa ve necesario que el mensaje sea bien comprendido por las personas que se van a postular en la siguiente elección y se empiece a comprender que “estamos en el concierto de las naciones, en una etapa globalizada y este tipo de acciones van a seguir”.
Alcances que tendría esta normativa
Carrera se refirió a los alcances e indicó que en el proceso de aprobación legislativo esta enmienda pudo haber sido botada, luego de que Torres la propuso, pero conciliada y posteriormente se aprobó en las dos Cámaras.
Carrera consideró que esta lista sería un instrumento poderoso para ejercer presión, reducir la incidencia en temas de corrupción y narcotráfico en la política de los países centroamericanos. Y resaltó que en lo personal aboga para que existan sanciones individuales y no a los Estados.
Por aparte, el entrevistado refirió que sea pública o no la lista, esta generará repercusiones políticas muy serias.
En tanto, Zapata resaltó que el hecho de que se haga una lista de posibles corruptos genera una mecánica importante con un mensaje claro de que la lucha contra la corrupción es un esfuerzo bipartidista, y que la política de EE. UU. le está dando mayor fuerza a este tema
A su criterio, en el caso de Guatemala que está próxima a entrar en una etapa electoral, este tema incidirá en el panorama si algún aspirante aparece en las listas.