La diputada Andrea Villagrán, del partido Todos, presentó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), por medio de la cual busca que el pleno no conozca en tercer debate las reformas al delito de financiamiento electoral anónimo.
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A criterio de la parlamentaria, existe conflicto de interés que involucra a más de 60 legisladores, ya que son miembros o pertenecieron a partidos políticos señalados de posible financiamiento electoral ilícito.
Específicamente, se refirió a diputados de las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y el independiente, Roberto Villate.
En ese sentido, Villagrán busca que se retrotraiga el proceso, ya que actualmente las modificaciones han sido discutidas en dos debates, y pretende que no se conozca en un tercero. Asimismo, que la discusión sea realizada solamente por parlamentarios que no tengan conflicto de interés.
“La modificación a este artículo que se ha dictaminado busca hacer reformas en materia penal que generarían falta de certeza, complicaría la investigación en términos procesales y por ende, pondrían en duda la responsabilidad de los secretarios generales de los partidos políticos respecto al manejo del financiamiento electoral”, manifestó la legisladora.
Diferentes opiniones se han generado luego de conocerse que la diputada planteó un amparo.
En declaraciones a Emisoras Unidas, Orlando Blanco, del bloque UNE, quien tiene proceso de antejuicio por supuesto financiamiento electoral ilícito, consideró que se trata de acción política con miras al proceso electoral.
Mientras que Carlos Fion, jefe del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), recordó que este análisis para reformar el artículo 407 N del Código Penal se hace luego de una exhortativa de la CC. Además, resaltó que la labor del Congreso es legislar.
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Reformas
Tres propuestas fueron presentadas inicialmente para reformar el segundo párrafo del referido artículo, que hace referencia al financiamiento electoral anónimo.
Una de estas se refiere a reformar dos artículos de la citada ley, con el objetivo de que queden establecidos los delitos de financiamiento electoral no registrado y anónimo. Esta contempla penalizar a quien reciba y entregue los recursos.
La otra plantea que quien brinde de forma irregular ese financiamiento tenga una pena de prisión de tres a cinco años, así como una multa de Q20 mil a Q50 mil. Y una tercera propuesta establece que, además de esas penas, los responsables de aportar esos recursos sean inhabilitados para ser contratistas del Estado.
Los integrantes de la comisión específica que analizan el tema alcanzaron acuerdos y la iniciativa ya fue conocida por el pleno.
