Aunque menos de 15 congresistas se opusieron para que empezara la discusión para el cambio a las sanciones por el financiamiento electoral anónimo, la mayoría de bloques lograron que ayer avanzara en primer debate modificar parte del artículo que castiga los aportes a los partidos políticos sin identificar.
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El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, tuvo que realizar varias llamadas para lograr la aprobación del orden del día para rescatar iniciativas que el martes no pudieron ser discutidas.
Los legisladores Alejandra Carrillo y Mario Taracena criticaron a sus colegas por haberse desmarcado y no querer apoyar la reforma que beneficiará a la mayoría de agrupaciones políticas.
Taracena señaló que el partido Convergencia debe explicar el apoyo que recibió Pablo Monsanto del extranjero.
“Dejemos este jueguito de ser santurrones cuando no lo somos y aprobemos el delito electoral como lo están mandando. Dejemos de estar diciendo que mientras la tragedia de los guatemaltecos el Congreso se está aprovechando”, mencionó Taracena.
La diputada Nineth Montenegro pidió respeto a la postura de la bancada, ya que presentó una iniciativa de ley, pero no fue tomada en cuenta.
Las reformas
La propuesta que entregó la comisión extraordinaria liderada por el oficialista Rodolfo Castañón incluye condenas menores de cinco años, por lo que varios diputados razonaron su voto en contra.
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La modificación propone que quien consienta o reciba aportaciones y no las reporte será sancionado con dos a cinco años de prisión y una multa de hasta Q100 mil y no podrá optar a cargos públicos por cinco años.
Mientras quien entregue donaciones sin identificarse será la misma condena, pero deberá pagar el 100% de lo entregado a los partidos políticos y no podrá ser contratista del Estado por cinco años.
