El Gobierno declaró estado de Calamidad Pública en tres departamentos del país tras la erupción del pasado 3 de junio, con el objetivo de atender a la población por los efectos causados por este desastre. Esta medida fue ampliada ayer por 30 días más, ya que “aún persisten esas consecuencias que afectan a cientos de personas en temas de salud, infraestructura habitacional, educación, entre otros.
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Acerca de cómo ha manejado el Ejecutivo esta emergencia y si era necesario o no prorrogar ese estado de Calamidad se conversó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde participaron como invitados Nineth Montenegro, diputada de la bancada Encuentro por Guatemala (EG); y Marvin Flores, investigador de Acción Ciudadana (AC).
Además, por la vía telefónica se conversó con el subcontralor del Gasto de la Contraloría General de Cuentas, César Elías; y el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito.
Flores señaló que la prórroga de cierta forma era necesaria, pues al revisar el portal Guatecompras y ver los procesos de adquisición que ha hecho el Gobierno se observa que algunos aún están en desarrollo, pero a su criterio un mes más será suficiente para que sean concluidos.
En tanto, la legisladora explicó que la ampliación del estado ya es un hecho, “desde el mismo momento que el presidente en gabinete lo acordó, ya está surgiendo efecto ya es vigente, a menos que el Congreso lo improbara o modificara”, dijo.
Por aparte, el investigador se refirió a la manera en que las diferentes instituciones han utilizado esta medida, y señaló que se ha detectado una serie de irregularidades en los procesos de adquisición, que incluyen compras y contrataciones no justificadas en cuanto a los montos. Para él, es evidente que hay un abuso en los gastos.
Sobre este tema, Montenegro opinó que se observa en el portal Guatecompras que los fondos estarían siendo invertidos en artículos que, según ella, habría que establecer si en realidad son necesarios para atender la emergencia. Entre estos mencionó: repuestos para helicópteros, computadoras, material de oficina, papel, botas, uniformes, motocicletas y vehículos.
“No sé si eso es indispensable, como las compras de medicamentos y desayunos que sí lo son”, expuso. En ese sentido, indicó que solicitarán al Ejecutivo un informe pormenorizado de qué es lo que se ha comprado y los servicios que se han contratado.
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Se han hecho 265 adjudicaciones para diferentes ministerios, incluidos Salud, Educación y Comunicaciones, por Q536 millones 461 mil 835. Estas van enfocadas además a temas de viviendas y construcción de puentes, expuso la diputada.
Flores manifestó su preocupación acerca de los proyectos de construcción, pues consideró que, en el caso específico de los puentes, los montos son bastante elevados. Son tres los que se planean construir, uno valorado en Q37 millones, otro en Q36 millones y uno más en Q20 millones, además se está contratando tres puentes Bailey, detalló.
Pero no solo eso le preocupa, sino también que los concursos publicados sean restringidos, es decir, que solo se permite que participen las empresas que sean invitadas por la entidad compradora. “Hay una doble limitante a la libre participación de oferentes”, aseguró.
El investigador mencionó que también se tiene ya una inconformidad planteada por una compañía, ya que se le negó participar para un proyecto de construcción. Supuestamente, no aceptaron su oferta por no estar presente su representante legal, lo cual no se maneja de esa manera.
“Hay una serie de dudas bien fundamentadas en todos los procesos. Hay compras no justificadas y una serie de proyectos que debieron hacerse antes de la emergencia”, resaltó Flores, e hizo un llamado a la Contraloría para que haga un proceso de fiscalización especial.
Con relación a los eventos restringidos, el ministro de Comunicaciones explicó que esto se da ya que son procesos de rápida adjudicación, entonces de parte de Precalificados se les sugieren tres empresas que puedan cumplir con las especialidades técnicas que se requieren con base en la planificación de contratación de obras para que participen.
El funcionario añadió que a pesar de que por estar vigente el estado de Calamidad pueden hacer las compras directas y saltarse ciertos pasos de la Ley de Contrataciones, han optado por seguir los mismos pasos establecidos en esta normativa y que incluso haya juntas de licitación. “Somos respetuosos de la transparencia”, aseguró.
Podrían presentarse acciones penales
El subcontralor César Elías dio a conocer que la Contraloría le está dando acompañamiento a todos los procesos de adquisición y se mantiene en constante comunicación con el Ministerio de Finanzas.
Aseguró que se envió una nota al titular de esa cartera, Julio Héctor Estrada, para ofrecerle ese acompañamiento y solicitarle que nombrara de forma temporal una autoridad para tener un enlace directo y poder realizar la fiscalización de manera más efectiva.
También se le pidió que creara una estructura programática para que puedan centralizarse todas las adquisiciones en un programa específico para el estado de Calamidad. “La intención es que todos los gastos puedan estar condensados y así los auditores ejercer fiscalización de manera más precisa”, indicó.
La Contraloría ya cuenta con un equipo de auditoría nombrado, el cual hasta el momento ha podido establecer que algunas entidades, al amparo del estado decretado, pretenden realizar compras o adquirir servicios, ante ello “hemos actuado de inmediato”, dijo.
Para atender esta situación, anunció que se estaría enviando una circular a las unidades de auditoría interna de las diferentes entidades públicas para evitar que adquieran bienes cuando no corresponda.
“El problema es la falta del conocimiento, comprensión del decreto (que establece el estado de Calamidad). Pretendemos que las auditorías alerten a la autoridad superior y le digan que ese estado únicamente está vigente para tres departamentos y los gastos deben ser exclusivamente para atender la emergencia, no para operaciones normales de las instituciones”, manifestó.
Asimismo, Elías explicó que cuando se presenta algún tipo de hallazgos se pueden dar tres tipos de consecuencias, de la cual la “más benévola” es la imposición de una sanción económica, la otra establece el requerimiento de reembolsar los recursos utilizados erróneamente y por último está la acción penal.
“Si los auditores detectan que las autoridades, al amparo del estado de Calamidad, hacen compras o contratan servicios que no son para atender la emergencia, los auditores de inmediato van a presentar la acción penal o requerir el reintegro de los recursos”, enfatizó el subcontralor.
