Bancada Todos pide al Gobierno que solicite el TPS a EE. UU. tras tragedia del volcán

El diputado Felipe Alejos enviará en las próximas horas una carta al mandatario Jimmy Morales para solicitarle que haga la petición.

Por Nancy Alvarez

La bancada Todos hizo un llamado al Organismo Ejecutivo para que se solicite al Gobierno de los Estados Unidos de América un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los guatemaltecos, luego de la tragedia del volcán de Fuego.

El diputado Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso y secretario general del partido Todos, dio a conocer que enviará una carta al presidente Jimmy Morales para expresarle la petición.

En una conferencia de prensa ofrecida este viernes, Alejos resaltó que es “eminentemente urgente que se haga la solicitud del TPS y que este tema llegue al Departamento de Estado para que pueda ser abordado cuando venga al país el vicepresidente de EE. UU.”.

El vicemandatario Mike Pence tiene previsto visitar Guatemala a finales de junio, con el objetivo de trasladar un mensaje de aliento a las casi 2 millones de personas que resultaron afectadas por la erupción.

“Agradecemos todo el apoyo de EE.UU. Por su parte el Gobierno de Guatemala debe solicitar un TPS. Vivimos un desastre natural nunca antes visto que cobró varias víctimas y casi 2 millones de guatemaltecos afectados. Se deben de empezar (a) hacer las gestiones de manera inmediata”, expresó Alejos por medio de su cuenta de Twitter.

“El TPS (beneficiaría a miles de guatemaltecos que ya están en Estados Unidos, les permitiría vivir y trabajar legalmente de forma provisoria. Sin temor a ser detenidos”, añadió el legislador.

Según Alejos, Pence resaltó ayer en un discurso que Guatemala es un “buen vecino y que los buenos vecinos ayudan”, por lo cual espera que los connacionales puedan ser beneficiados con esta medida.

También dijo que observó una “preocupación grande” en el funcionario estadounidense ante la emergencia que vive el país.

¿Qué es el TPS?

El TPS es un mecanismo creado por el Congreso estadounidense en los años noventa para amparar a inmigrantes que por desastres naturales o conflictos armados no podían regresar de manera segura a sus países.

En Latinoamérica, el actual gobierno de ese país ya finalizó este beneficio para El Salvador, Nicaragua, Honduras y Haití, poniendo en riesgo de deportación a miles de personas.

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