El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió cancelar este lunes el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador, poniendo fin al amparo de las deportaciones de casi 200 mil inmigrantes indocumentados que llevan casi dos décadas en Estados Unidos.
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La administración de Donald Trump dará hasta septiembre de 2019 como plazo para abandonar el país, o buscará una salida legal a la situación de los migrantes.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, encargada de tomar la decisión, dijo la semana pasada que las extensiones a corto plazo no son la solución.
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“Conseguirles una solución permanente es un plan mucho mejor que tenerlos viviendo seis meses, luego 12 meses, luego 18 meses”, dijo en una entrevista, refiriéndose a la incertidumbre sobre el programa.
La medida causó especial conmoción en Washington, Los Ángeles, Nueva York, Houston y otras zonas metropolitanas que acogen grandes comunidades de salvadoreños. Estos inmigrantes disfrutan de una protección especial desde los terremotos que golpearon el país centroamericano en 2001. Muchos han echado raíces en Estados Unidos, formando familias y abriendo negocios a lo largo de los años.
En septiembre de 2016, el gobierno del entonces presidente Barack Obama amplió 18 meses las protecciones, señalando que El Salvador aún sufría los efectos de los sismos que mataron a más de mil personas.
Poner fin a la protección también supone un duro desafío para la nación centroamericana, un país de 6.2 millones de personas con una economía dependiente de las remesas de los trabajadores en Estados Unidos.
El TPS, creado por el gobierno estadounidense en 1990, ampara ahora a casi 32 mil personas de 10 países. Hay casi 440 mil beneficiarios, incluidos 263 mil salvadoreños, pero muchos de ellos han legalizado su situación por otras vías.
El año pasado, Estados Unidos suspendió protecciones similares a ciudadanos de Haití y Nicaragua.
*Con información de AP