Cinco oficiales castrenses enfrentarán a la justicia por un supuesto fraude que se cometió en la Industria Militar.
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El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal determinó que los señalados:
- Jorge Arturo Vega Chávez debía ser ligado a proceso por peculado.
- José Alfredo Cotzojay Chajón enfrentará un proceso por peculado y cohecho pasivo.
- Byron Manuel Santos Galindo afrontará a la justicia por peculado y cohecho pasivo.
- Carlos Geovani Mejía Girón responderá en un proceso por cargos de peculado y cohecho pasivo.
- Rolando Enrique Hernández González será sometido a un proceso penal por peculado.
La audiencia fue desarrollada por la jueza suplente Asunción Cabrera, quien determinó que los procesados no debían permanecer en prisión preventiva.
A solicitud de los abogados defensores de los militares, Cabrera otorgó a los procesados arresto domiciliario.
El beneficio comenzará cuando se acredite que cancelaron Q100 mil cada uno, correspondientes a fianzas que les fueron impuestas.
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La diligencia se realizó a puerta cerrada durante tres días.
También se les condicionó con:
- Prohibición de salir del país.
- Obligación de presentarse cada semana a la Fiscalía.
- Prohibición de concurrir a concentraciones entre coimputados.
- Prohibición de comunicarse entre los imputados.
La Fiscalía tiene cinco meses para realizar y finalizar la investigación, y al concluirla tendrá que informar al Juzgado si los señalados deben enfrentar un debate o beneficiarles con el cierre del caso.
Así se explica el fraude
Las investigaciones del Ministerio Público (MP) señalan que entre 2008 y 2011 los sindicados habrían cometido el fraude.
Se estima que se manipularon algunos negocios de la Industria Militar, entidad que confecciona y suministra varios productos para el Ministerio de la Defensa, así como para otras instituciones vinculadas al sector seguridad y justicia.
Durante ese período, se habrían cobrado Q23.4 millones por comisiones de ventas no realizadas.
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