Cinco son ligados a proceso por fraude en Industria Militar

Oficiales castrenses son beneficiados con arresto domiciliario. Deberán cancelar Q100 para no ir a prisión mientras se les investiga por fraude.

Por Jerson Ramos

Cinco oficiales castrenses enfrentarán a la justicia por un supuesto fraude que se cometió en la Industria Militar.

El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal determinó que los señalados:

  • Jorge Arturo Vega Chávez debía ser ligado a proceso por peculado.
  • José Alfredo Cotzojay Chajón enfrentará un proceso por peculado y cohecho pasivo.
  • Byron Manuel Santos Galindo afrontará a la justicia por peculado y cohecho pasivo.
  • Carlos Geovani Mejía Girón responderá en un proceso por cargos de peculado y cohecho pasivo.
  • Rolando Enrique Hernández González será sometido a un proceso penal por peculado.

La audiencia fue desarrollada por la jueza suplente Asunción Cabrera, quien determinó que los procesados no debían permanecer en prisión preventiva.

A solicitud de los abogados defensores de los militares, Cabrera otorgó a los procesados arresto domiciliario.

El beneficio comenzará cuando se acredite que cancelaron Q100 mil cada uno, correspondientes a fianzas que les fueron impuestas.

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La diligencia se realizó a puerta cerrada durante tres días.

También se les condicionó con:

  • Prohibición de salir del país.
  • Obligación de presentarse cada semana a la Fiscalía.
  • Prohibición de concurrir a concentraciones entre coimputados.
  • Prohibición de comunicarse entre los imputados.

La Fiscalía tiene cinco meses para realizar y finalizar la investigación, y al concluirla tendrá que informar al Juzgado si los señalados deben enfrentar un debate o beneficiarles con el cierre del caso.

Así se explica el fraude

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) señalan que entre 2008 y 2011 los sindicados habrían cometido el fraude.

Se estima que se manipularon algunos negocios de la Industria Militar, entidad que confecciona y suministra varios productos para el Ministerio de la Defensa, así como para otras instituciones vinculadas al sector seguridad y justicia.

Durante ese período, se habrían cobrado Q23.4 millones por comisiones de ventas no realizadas.

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